Vecinos y asociaciones han dejado constancia, a través de una serie de alegaciones, de su rechazo total a la polémica ordenanza de Protección contra el Ruido, que fue aprobada de forma inicial por el Pleno municipal del 26 de julio de 2013 con los votos favorables del PP y criticada duramente por los grupos de la oposición.
El rechazo hacia el texto por parte de este nutrido grupo de ciudadanos y asociaciones es tal que de no producirse una modificación sustancial o la retirada de la ordenanza, tienen previsto solicitar su impugnación ante la Junta de Andalucía y presentar un recurso contencioso administrativo para pedir su suspensión cautelar.
En el límite del plazo estipulado por el Ayuntamiento para presentar alegaciones al respecto (finaliza este miércoles), numerosos agentes sociales, así como particulares afectados por el ruido en la capital hispalense, dieron a conocer ayer los motivos por los que llevan varios meses pidiendo la retirada de una ordenanza “que protege actividades muy contaminantes y a quienes las provocan más que al propio ciudadano”.
Además, y entre otros puntos importantes, las alegaciones señalan que el texto “contradice frontalmente” la Ordenanza de ruidos aún en vigor y la ordenanza redactada por funcionarios de la Dirección General de Medio Ambiente en 2012 -texto “desechado” por el Consistorio, que optó por contratar a una empresa externa para que lo revisara y modificara-, que después fue adoptada como ordenanza Tipo de Ruidos por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). Así, estas plataformas destacan que la ordenanza de ruidos que pretende aprobar definitivamente el Consistorio “infringe” la Ley del Ruido, la Ley de gestión de la Calidad Ambiental, la Directiva de Ruidos, la Ley de Espectáculos Públicos y la Constitución Española.
Según indican, esta ordenanza “reduce sensiblemente la protección contra el ruido en zonas residenciales, llegando incluso a legalizar actividades hasta ahora prohibidas en viviendas por su alto nivel de contaminación y a eliminar el velador como emisor acústico”.
“Es indignante que el Ayuntamiento haya optado por gastar 21.000 euros de los ciudadanos en encargar a una empresa externa la redacción de una nueva ordenanza cuando ya existe un magnífico texto realizado en 2012 por funcionarios municipales”, explicó a Viva Sevilla Emilia de la Serna, miembro de Juristas contra el Ruido, una de las asociaciones pertenecientes a las plataformas en contra de la nueva ordenanza.
Ordenanza “arbitraria”
Ante la “indiferencia” del Consistorio a las peticiones de vecinos y asociaciones para que se retire o modifique el texto, éstos decidieron unirse y costear de sus bolsillos un informe elaborado por un experto para apoyar sus alegaciones. El encargado de realizar este informe, en el que se compara el texto de la nueva ordenanza del Consistorio, con la vigente y la Ordenanza Tipo de la FAMP, ha sido el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, Jesús Jordano Fraga, quien ha calificado la ordenanza de”arbitriaria” y de tratarse de “un trabajo de escasa calidad técnica-jurídica y con errores aberrantes”.
Así, según Jesús Jordano, de la comparación de las ordenanzas se puede deducir que “copia” la realizada por los funcionarios municipales, pero “cambiando de sitio el articulado”, además de hacer desaparecer la Exposición de Motivos y modificar sustancialmente los artículos de la Ordenanza Tipo de la FAMP referidos a actividades y mediciones con el evidente resultado de proteger a quien más contamina y de hacer desaparecer protecciones clave contra el ruido, especialmente la proveniente de discotecas, veladores y peñas flamencas, a los cuales beneficia y blinda”.
De esta manera, y según este informe, la ordenanza, entre otros factores “permite discotecas y cualquier actividad de esparcimiento en edificios de vivienda, aires acondicionados y compresores en patios de luces, veladores en zonas saturadas, medir el ruido de conciertos en directo al aire libre, otorgar nuevas licencias en zonas saturadas y el otorgamiento de nuevas licencias en Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS)”.
Para terminar, los vecinos y asociaciones denuncian que en la redacción de la nueva ordenanza se han “ignorado sus aportaciones” y se “han utilizado en su contra” (al protegerse justo los puntos más contaminantes como discotecas, veladores y peñas flamencas), sin respetar “el principio de participación” y la solicitud de mediación ofrecida por el Defensor del Pueblo Andaluz y por el Defensor del Ciudadano.
“Las peticiones para la retirada de la ordenanza en change.org ya van por 4.000. ¿No ledice esto nada al Ayuntamiento?, señalan desde las plataformas en contra, que exigen responsabilidades ante una norma "perversa" que no deja dormir a media ciudad.
Añaden acuerdos de la Ronda Norte
Las plataformas han propuesto además como alegación que se incluyan en la Ordenanza de Ruidos los acuerdos tomados por "todos los partidos políticos como medidas obligatorios a tomar en las zonas afectadas por la SE-30 y Ronda Urbana Norte”.
21.000 euros por redactar la norma
Las asociaciones en contra de la ordenanza reclaman responsabilidades al Consistorio por el gasto de 21.000 euros de los ciudadanos para pagar a una empresa externa que fue la encargada de realizar el texto, mientras que ya existe uno redactado por funcionarios.
Critican la impunidad nocturna
Además critican que “los inspectores de Medio Ambiente encargados de sancionar no salen después de las 15.00 horas ni en fin de semana y que la Policía Local no puede actuar”, tan sólo los que forman parte de la línea verde, que está compuesta por diez policías y sólo dos salen la noche del viernes y sábado.
Veladores, discotecas y peñas
Veladores, peñas flamencas y discotecas quedan al margen y son “protegidas” por la ordenanza ya que no se exige autorización para actuaciones en directo en peñas y asociaciones y prohíbe medir el ruido y no regula nada en veladores y no obliga a declarar Zonas de Especial Protección Acústica.
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