El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha reiterado el rechazo de la Junta a adherirse al Acuerdo Marco del Ministerio de Empleo con las agencias privadas de colocación para la inserción de parados, puesto que supone "una línea roja que no se puede sobrepasar", tras lo que ha pedido a todos los partidos que se sumen a la Junta para pedir al Gobierno central que incluya en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2014 un plan especial de empleo para Andalucía.
En una comparecencia en comisión parlamentaria, el consejero ha solicitado a todos los grupos "un último esfuerzo por Andalucía", para que "reclamen de forma conjunta, junto a la Junta, para que el Gobierno central incluya en los PGE de 2014 un plan especial de empleo para Andalucía, igual que los de otras comunidades autónomas, como Extremadura o Canarias".
Tanto el consejero como todos los grupos parlamentarios tuvieron un recuerdo a la diputada socialista y exconsejera Cinta Castillo, fallecida el pasado miércoles, y que fue portavoz en la Comisión de Economía.
Sánchez Maldonado ha recordado que tanto Andalucía como Cataluña y País Vasco decidieron no suscribir ese acuerdo con las agencias privadas de colocación, toda vez que "aunque el drama del empleo está en el frontispicio de las políticas de todas las administraciones, no se pueden sobrepasar algunas líneas; y sí se sobrepasan en el acuerdo marco de colaboración entre Estado y comunidades autónomas para la financiación de las agencias privadas de colocación, que han sido previamente seleccionadas por el Ministerio de Empleo".
El consejero ha explicado la negativa de la Junta, "que no es por confrontación, sino por ideología y por no sobrepasar líneas rojas y para rechazar una mercantilización", toda vez que esas agencias privadas de colocación "realizan un negocio para la inserción de desempleados, y se les abona una cantidad fija a estas agencias privadas solo por el mero hecho de buscar trabajo a desempleados, aunque no vean satisfechas sus expectativas; tiene una cantidad fija abonada por intermediar, que se incrementa si se consigue la contratación".
Sánchez Maldonado ha dejado claro que la Junta "está a favor de la colaboración entre lo público y lo privado en cualquier faceta del Gobierno pero nos oponemos al recorte en los servicios públicos de empleo y en las políticas activas de empleo y a que se financie con ese dinero a las agencias privadas de colaboración".
"La coordinación es necesaria y exigible pero no a costa de asfixiar a los servicios públicos", ha agregado Maldonado, quien recuerda que los servicios públicos de empleo "sufren en mayor medida los recortes en los presupuestos de las políticas activas de empleo, que soportan el mayor recorte", de forma que para 2014 "se prevén diez millones de euros menos para estas políticas".
Agrega que "no solo se produce una merma en las partidas, sino que se han modificado el criterio lineal de reparto, por lo que se han visto más perjudicadas las que están más necesitadas", de forma que "en dos años el Gobierno popular ha visto reducida las partidas en un 83 por ciento en 2012 y 2013".
Asimismo, lamenta que esta colaboración "implica una vuelta de tuerca mas", toda vez que este acuerdo "contempla además otros incentivos que se centran en abonar una cantidad económica para denunciar irregularidades de demandantes de empleo, que puede desembocar en sanciones a los desempleados, incluso con la retirada de las prestaciones".
"Se produce una sustitución del poder público por el poder privado y no debemos ni podemos ser cómplices de esas políticas sancionadoras contra los desempleados", ha agregado Sánchez Maldonado, quien no comparte "culpabilizar a los desempleados de la crisis, y menos acusarlos de fraude".
Para el consejero "algunos utilizan la crisis económica como excelente cortina de humo para enmascarar reformas estructurales con marcado carácter ideológico, que supone un desmantelamiento de los servicios", frente a lo que reitera su defensa del servicio público de empleo "frente al deterioro de las agencias públicas que pretende el Gobierno del PP".
CRÍTICAS DEL PP
Por su parte, el diputado del PP Daniel Castilla aseguró "no entender" la negativa de la Junta a aceptar el acuerdo marco con las agencias de colocación, toda vez que supone un acuerdo "que le sale gratis a la Junta; a las comunidades le sale cero euros".
"Con la que está cayendo no entendemos por qué no lo suscriben", asevera el diputado del PP, quien muestra su "extrañeza por esa acérrima defensa del servicio público, pues no es cierto que el servicio se privatice, se trata de una colaboración, ya creada por el Gobierno de Zapatero y continuada en este Gobierno".
Recuerda que "se trata de una lucha cuerpo a cuerpo contra el desempleo, y con que un solo desempleo encuentre trabajo sería positivo", tras lo que lamenta la "falta de autocrítica" de la Junta en cuanto a la responsabilidad en la que se encuentra el empleo en Andalucía.
Castilla destaca que "Andalucía recibe el mismo porcentaje de 22,63 por ciento de peso de las políticas activas de empleo que cuando gobernaba Zapatero", por lo que cree que la negativa de la Junta "es una confrontación más con el Gobierno central".
Por su parte, el diputado del PSOE Carmelo Gómez lamenta que el Gobierno "maltrata sistemáticamente a los andaluces", critica que "se está rompiendo el consenso social" y considera el Gobierno central "se ha llevado los derechos con el recorte de las políticas activas de empleo".
Para Gómez "ofrece mas garantía que el servicio lo hagan funcionarios públicos que un ente privado", tras lo que considera que "plantear la privatización de servicios no es razonable, ni lógico ni normal, salvo para las políticas conservadoras del Gobierno central".
Ha recordado las "reiteradas peticiones" efectuadas "de todas las maneras posibles" para el plan especial de empleo y considera que "no se puede responsabilizar a los trabajadores de la situación en que se encuentran".
Por su parte, la diputada de IU Rosalía Martín, se alegra de que el Gobierno andaluz no haya firmado el acuerdo firmado por 14 comunidades autónomas, acuerdo "rechazado por los sindicatos mayoritarios al suponer un inicio de privatización y externalización".
"Existe un riesgo al confiar a lo privado un servicio público, pues el afán de lucro que existe en las agencias provoca que se centre ese servicio en los trabajadores con más posibilidades de encontrar empleo, mientras que pueden quedar excluidos los que mayor dificultad tienen".
Para Martín, "esta reforma del Gobierno central ha generado mayor desempleo", tras lo que advierte de que "no va a ser Andalucía la que trate a los desempleados como mera mercancía".
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