La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado este jueves que su Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) los artículos de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) que vulneren la igualdad de oportunidades y el derecho universal a la educación, mantendrá la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) y no concertará centros que segreguen por sexo.
Durante su intervención en el Pleno del Parlamento, en respuesta a un pregunta formulada por el portavoz del grupo parlamentario socialista, Francisco Álvarez de la Chica, Díaz ha garantizado que el Gobierno andaluz va a "minimizar" el impacto de la futura norma, destacando que ésta ha logrado el rechazo de una amplia mayoría de la comunidad educativa y de los partidos políticos.
Tras señalar que el 90 por ciento del alumnado está secundando la huelga educativa convocada este jueves, según los últimos datos que ha podido conocer, la presidenta de la Junta ha insistido en que una ley educativa "no puede nacer con el rechazo de todos". "Será la solución más barata pero la más injusta, insolidaria y elitista", ha añadido Díaz.
En esta línea, ha subrayado que Andalucía va a apostar por "desmarcarse" de una ley que "atenta" contra la educación pública. Y para ello, según ha indicado, se va a seguir reforzando la plantilla docente con la incorporación de 850 profesores más, cubriendo las bajas, manteniendo la ratio de alumnos por aula y los programas de gratuidad e impidiendo que ningún alumno se quede excluido.
En su opinión, ha quedado en "evidencia" que el Gobierno de la Nación tiene una "hoja de ruta" para "desmantelar" la educación pública, "primero con múltiples recortes, cifrados en 5.200 millones, después con el asalto a las becas, que dejan de ser un derecho y se convierten en un privilegio; y finalmente con un cambio radical del modelo educativo que nos retrotrae a tiempos pasados".
La líder del Ejecutivo andaluz ha considerado que la ley educativa del Gobierno de Mariano Rajoy supone "un ataque a la equidad y a la igualdad de oportunidades", y va a hacer más difícil que los hijos de trabajadores e inmigrantes puedan acceder a estudios secundarios y universitarios, "rompiendo el éxito de una generación en la que padres analfabetos tienen hijos con estudios superiores".
Tras preguntar el Gobierno central cómo es posible comparar los resultados educativos de una escuela de barrio con los de una escuela concertada con alumnos de alto poder adquisitivo, Díaz ha indicado que no sólo hay que preocuparse de los resultados académicos, sino del desarrollo integral de los jóvenes y de educar ciudadanos.
"Y la desaparición de EpC, la vuelta a la confesionalidad o la vía libre a los conciertos, entre ellos a los centros que segreguen por sexo va en sentido contrario", ha afirmado la presidenta de la Junta, quien ha insistido en que la citada normativa olvida que la educación es la clave de la igualdad de oportunidades.
PSOE-A MUESTRA SU RESPALDO A LA HUELGA EDUCATIVA
Por su parte, Álvarez de la Chica ha destacado durante su intervención que la comunidad educativa vuelve a la calle este jueves para alzar la voz en contra de los recortes en la educación y de la ley del ministro José Ignacio Wert. "Desde el PSOE respaldamos rotundamente a la comunidad educativa convocante en sus movilizaciones y reivindicaciones", ha apostillado.
El socialista, que ha criticado que esta ley sale del Congreso de los Diputados "tan sola como entró y con la oposición mayoritaria de la calle", ha resaltado que educar es "enseñar a dialogar, aprender a escuchar y no imponer por la vía de la fuerza, sino de la razón. Y todo lo contrario se ha hecho con esta normativa".
Tras afirmar que el Gobierno de la Nación busca con esta ley la "segregación, privatización y mercantilización de la educación", el portavoz parlamentario ha lamentado también que "las sotanas y los crucifijos regresen con fuerza a las aulas", al tratarse, en su opinión, de una normativa "dictada" por la Conferencia Episcopal.
Finalmente, Álvarez de la Chica ha aseverado que la estrategia del Gobierno de la Nación en materia educativa comenzó por "recortar todo lo posible" para después aprobar una ley que justifique "que los que menos tienen no pueden estudiar". "Se trata de una normativa de sálvese quien pueda y que rompe con la igualdad de oportunidades", ha concluido el socialista.
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