La sentencia, que se ha emitido tras el veredicto de culpabilidad de un jurado popular, incluye la devolución al Ayuntamiento de Sevilla de los 5.901 euros cobrados indebidamente.
Según el fallo, al que tuvo acceso Efe, el empresario José Pardo presentó a finales de 2002 y comienzos de 2003 varias facturas por obras menores "pese a conocer que no se habían ejecutado o lo habían sido solo parcialmente".
Con ello, pretendía "obtener más dinero del que le correspondería por las obras realmente realizadas" y en sus facturas "aparentaba actuar por cuenta de la empresa Contratas y Obras Sevilla (COS), pese a que sabía que la empresa había cesado su actividad a finales de 2002 y que no tenía la representación de la misma".
En cuanto al secretario del distrito, que tenía la condición de funcionario público, la sentencia afirma que "conscientemente permitió que Pardo cobrara por obras no ejecutadas o parcialmente ejecutadas, pese a conocer que éstas no se habían ejecutado o lo habían hecho parcialmente".
Al tratarse de una defraudación superior a los 4.000 euros, la sentencia impone a Marín tres años de cárcel por un delito de malversación de fondos públicos y otros 15 meses por falsedad en documento oficial, junto al pago de una multa de 2.400 euros y una inhabilitación para cargo público durante seis años.
Al contratista la sentencia le impone dos años de cárcel por malversación y 21 meses por falsedad, así como 2.160 euros de multa, en un fallo que absuelve a un tercer procesado, el colaborador municipal Manuel Portela, sobre el cual el juez retiró de oficio la imputación por falta de pruebas suficientes.
Los dos condenados recurrirán el fallo judicial
José Marín, tras recoger la sentencia, manifestó a los periodistas que se sigue considerando inocente, que todo fue un error administrativo y que a lo largo del juicio se demostró que él no tenía obligación de visitar las obras y que no cogió "ni una peseta".
Los dos acusados anunciaron que sus abogados van a recurrir la condena y Pardo aseguró que el Ayuntamiento todavía le debe 100 millones de pesetas, por lo que "en vez de pedir indemnización, nos deberían hacer una plaza".
Marín, que se declaró "muy afectado" por la sentencia, aseguró que "si hay que pagar el pato, lo haré", y dijo que el caso de las facturas falsas fue "un gol que nos metieron" y que por un importe de cuatro o cinco mil euros -los cobrados indebidamente- "nadie hace una cosa así".
Pese a ello, manifestó que "no se siente solo" pues desde el comienzo del juicio ha recibido más de 400 llamadas de compañeros del PSOE expresándole su solidaridad, aunque entre ellas no se encontraba la del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, que le contrató para el cargo.
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