La teniente de alcalde de Familia del Ayuntamiento de Cádiz, Mercedes Colombo (PP), ha lamentado que el delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, desconozca que las viviendas de Matadero son "de realojo" y que no sepa "absolutamente nada del proceso de adjudicación" de las mismas.
En un comunicado, la edil también le reprocha que no sepa de las reuniones mantenidas con el delegado territorial de Vivienda, Manuel Cárdenas, y, sobre todo, "del convenio de 2000 en el que se establece el destino para realojo de las 204 viviendas de Matadero, las 102 que han tardado 13 años en construir y las 102 que ya han dicho que no tienen pensado construir".
Cabe señalar que el secretario general de la Agrupación Municipal del PSOE de Cádiz, Francisco González, ha puesto en conocimiento de la Fiscalía la dimisión de la funcionaria que venía desempeñando la Coordinación General de Programas de la delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, así como las "acusaciones sindicales sobre supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación de las viviendas de Matadero". Por su parte, López Gil también ha asegurado haber recibido "muchas denuncias de particulares" y que el personal municipal les ha hecho llegar su "descontento" en relación a la adjudicación de estas viviendas.
Colombo ha recomendado a López Gil que haga "un mínimo esfuerzo en leerse los dos convenios", el citado de 2000 y el de 2005 que concreta quién visa los contratos de las viviendas. Detalla que en el convenio firmado entre Junta de Andalucía y Ayuntamiento en 2000, se establecía que el Ayuntamiento cedía suelo en Astilleros y Matadero a la Junta para la construcción de viviendas de realojo que ayudara al proceso de eliminación de infravivienda a la Junta y los realojos urbanísticos y sociales del Ayuntamiento, "derivados precisamente de la falta de actuación en la infravivienda y en el caserío del casco histórico".
Abunda que en 2005 se tuvo que firmar un nuevo convenio en el que el Ayuntamiento aceptaba que en la promoción de Astilleros, donde le correspondían 65 viviendas de realojo, la Junta sólo le daría 32 porque necesitaba el resto para sus realojos, llegándose al acuerdo de que esas 32 se sumarían a las 70 viviendas que les cedería la Junta cuando construyera Matadero. Esas son, según detalla, las 102 viviendas de realojo de esta primera promoción de Matadero.
Al respecto, Mercedes Colombo ha enfatizado que nadie preguntó en 2005 a quién y con cuántos informes sociales adjudicó esas viviendas la Junta en Astilleros, "por lo que no sería descabellado que la Fiscalía aprovechara la reclamación de Francisco González para incluir en la misma aquella adjudicación, y seguramente se encontraría -repetidos- apellidos muy conocidos de Cádiz".
La edil destaca que desde 2000 el Ayuntamiento viene "pagando religiosamente" alquileres de familias que, por motivos urbanísticos o sociales, están realojadas en viviendas de titularidad privada. "Ese dinero sale de los impuestos de los gaditanos, no de la Junta de Andalucía precisamente, y han sido 13 años pagando alquileres de familias que no pueden afrontarlo porque la Junta no tenía dinero o voluntad de construir las viviendas de realojo, que era el único fin de la cesión de suelo que hizo este Ayuntamiento".
PROCESO DE ADJUDICACIÓN
El equipo de gobierno del PP ha puesto de manifiesto su "respaldo absoluto" a la labor realizada por los trabajadores sociales del Ayuntamiento en el proceso de adjudicación de las viviendas de Matadero, y ha lamentado que "haya quienes, intentando mezclar asuntos de distinta índole, estén poniendo en cuestión ese trabajo y la legítima aspiración de 102 familias gaditanas a acceder a una vivienda digna".
Colombo ha insistido en que el proceso de adjudicación de las viviendas de realojo de Matadero se ha realizado "de principio a fin con los criterios técnicos de los trabajadores sociales y con el respaldo de sus informes". Destaca también que esos expedientes han contado "con el respaldo del visado de la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía, sobre cuyos técnicos nadie del equipo de gobierno va a sembrar la más mínima duda".
En esta línea, lamenta que López Gil "cuestione el visado de la propia Consejería de Vivienda al decir que serán revisados nuevamente", y le ha recomendado que acompañe a González a la Fiscalía "para preguntar qué criterios sociales o qué baremo ha usado la Junta para las 14 familias que han incluido en esta promoción y que proceden de las casitas bajas que antiguamente estaban en Matadero y que tuvo que desalojar para comenzar la construcción. Nadie del Ayuntamiento le ha cuestionado a la Junta que vayan a ir 14 familias de realojados de la propia Junta, ni siquiera que en origen fueran 12 y ahora sean 14 porque se haya producido en estos años dos desdobles en esas familias".
Finalmente, la responsable municipal de Familia precisa que, como resultado final del proceso, a Matadero irán las 14 familias que la Junta aportó de las antiguas casas de Matadero, 22 familias procedentes del desalojo urbanístico de urgencia de una finca de Doctor Marañón, once realojos urbanísticos de emergencia actual, 33 unidades familiares en situación de exclusión social de riesgo o realojos sociales --"todas ellas con su correspondiente informe de trabajadores sociales", apunta-- y las 22 primeras unidades familiares del Registro Público de Demandantes de Viviendas".
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