La decisión de la Junta de requerir al Ayuntamiento este verano para que anulara el nombramiento de 11 altos cargos al considerar que dichas designaciones se habían llevado a cabo de forma irregular y al margen de los cauces legales que establece la ley para esos procesos, sigue coleando y va camino de acabar en los juzgados.
Después de que, previa indignación, el Consistorio remitiera a la Administración andaluza una serie de alegaciones para demostrar la legitimidad del acuerdo de la Junta local de Gobierno que daba luz verde a los nombramientos de libre designación de estos empleados laborales, el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil, ha echado más leña al fuego. Advierte que el escrito remitido no contiene ninguna resolución de la alcaldesa, es decir, “ni acata ni rechaza el requerimiento de nulidad, se limita a adjuntar una serie de nombramientos y documentos suscritos por técnicos municipales”, manifestó.
Unos documentos que, como añadió, “tratan de demostrar que el procedimiento es ajustado a derecho”. Sin embargo, añadió, “no responde al requerimiento”. “Les pedimos que dieran marcha atrás y anularan”. Por ello, avanzó que ya se han dirigido al Servicio Jurídico Provincial para que informe acerca de la procedencia de iniciar las acciones para requerir de nuevo al Ayuntamiento a anular los nombramiento y de iniciar litigio.
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