Andalucía

Manos Limpias amplía su denuncia para que se investigue si UGT-A cargó a la Junta una cena en su caseta de feria

En opinión del sindicato, estas actuaciones podrían ser constitutivas de un delito contra el derecho de los trabajadores recogido en el artículo 311 del Código Penal en el primer caso y de sendos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social recogidos en el artículo 305 y siguientes

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El sindicato Manos Limpias ha presentado ante el juzgado de instrucción de guardia de Sevilla una nueva ampliación de la denuncia registrada la semana pasada contra los máximos responsables de UGT-A, el exsecretario general del sindicato Manuel Pastrana y su actual titular, Francisco Fernández Sevilla, para que investigue si el sindicato "cargó a la Junta de Andalucía una cena anual de su caseta de la Feria de Sevilla" por importe de 12.176 euros.

   Esta cuarta ampliación de la denuncia, registrada este lunes y a la que ha tenido acceso Europa Press, se suma a las formuladas desde mediados de agosto contra el sindicato por presuntos delitos de "malversación de caudales públicos, falsedad documental y apropiación indebida" ante el uso "indebido" de fondos de formación para desempleados, así como por presuntos delitos contra la seguridad de los trabajadores, la Seguridad Social y la Hacienda Pública.

   En esta ocasión, Manos Limpias solicita al juzgado que investigue informaciones periodísticas publicadas en los últimos días por el diario 'El Mundo' relativas a que UGT-A "obligase" a la empresa 'Bobby Events' a facturar la organización de actos para el sindicato como "ayuda a mujeres discriminadas" y a que "cargase" a la Junta de Andalucía una factura por importe de 12.176 euros por una cena anual de su caseta de la Feria de Sevilla con cargo a "gastos de representación del sindicato en la negociación colectiva". 

PETICIONES ANTERIORES

   Con anterioridad, este sindicato había pedido que la Justicia indagase sobre la petición del sindicato a una empresa de diseño para que modificara una factura por la rotulación de un autobús para la huelga general de 2010 "para poder cargarla a fondos para parados de la UE"; la facturación "con cargo a subvenciones para cursos de formación" de 250 pancartas para la misma protesta; el cargo a la Junta de Andalucía de un "almuerzo de 1.300 euros con el secretario general de UGT, Cándido Méndez" en el marco de las "reuniones divulgativas del Acuerdo de Concertación Social de Andalucía"; y el "pago de sobresueldos a la Ejecutiva de UGT-A camuflados como dietas".

   Previamente, había solicitado al juzgado que investigase tanto la posible "contratación de adolescentes menores de 18 años de forma eventual sin darles de alta en la Seguridad Social y pagándoles en dinero negro por los servicios prestados a favor de UGT-A" en tareas como el "ensobrado de cuotas sindicales" como el "costeo" de la revista 'Trabajo y Diálogo Social' "con fondos de cursos para parados" financiados con cargo al Fondo Social Europeo.

   En opinión del sindicato, estas actuaciones podrían ser constitutivas de un delito contra el derecho de los trabajadores recogido en el artículo 311 del Código Penal en el primer caso y de sendos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social recogidos en el artículo 305 y siguientes en el segundo caso.

"SERIE DE ESCÁNDALOS DE CORRUPCIÓN"

   Según subraya Manos Limpias, estas actuaciones se suman a "una serie de escándalos de corrupción en cadena en UGT-A, desde el caso de los ERE fraudulentos, donde la juez Mercedes Alaya ha llegado ya a la conclusión de fraude y de financiación ilegal de UGT-A por más de ocho millones de euros, pasando por el desvío de fondos a publicidad para la huelga general del 29 de septiembre de 2010 en lugar de haberse empleado en cursos de formación".

   En su primera denuncia, formulada el pasado 13 de agosto, Manos Limpias indicaba que UGT-A "falseó facturas para pagar pancartas y publicidad para la huelga general de 29 de septiembre de 2010, cuando los fondos tenían una finalidad de formación para desempleados", al tiempo que aseveraba que UGT-A "pagó con fondos finalistas de formación para desempleados gastos de funcionamiento". A su juicio, estos hechos inciden en presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, malversación en caudales públicos y apropiación indebida.

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