La Sección Quinta de la Audiencia, en una sentencia a la que tuvo acceso Efe, rechaza dicha petición por una cuestión formal, ya que según la Ley Concursal debe ser planteada en la fase posterior del convenio de acreedores o de liquidación de la compañía.
La filial española de Boliden está en liquidación tras el cierre de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), que en abril de 1998 vertió millones de toneladas de lodos tóxicos en los aledaños del parque de Doñana, y había pedido a la Audiencia una rebaja considerable en la deuda que el Juzgado de lo Mercantil reconoció a la Junta y a la CHG.
En concreto, Boliden había pedido que su deuda con la Junta se rebajase de los 89.867.545 euros reconocidos por el Juzgado a solo 929.311 euros, y que las dos deudas reconocidas a la CHG, por importe de 2.870.181 y 40.253.544 euros, quedasen reducidas a 30.141 y 422.731 euros, gastos derivados de la limpieza de la zona.
La sentencia recuerda que “para evitar la multiplicidad de recursos”, la ley establece que no cabe recurso contra las resoluciones del Juzgado de lo Mercantil en esta fase del concurso de acreedores, sino que debe hacerse tras la sentencia que se pronuncie sobre la aprobación o rechazo del concurso o contra el auto que apruebe el plan de liquidación de la compañía.
Dice la Audiencia que el objetivo es “evitar que la apelación individualizada de cada incidente sea un obstáculo a la celeridad del proceso” y además en fases posteriores el tribunal “puede abarcar el conjunto general” de la suspensión de pagos.
La Audiencia, en cambio, ha aceptado otra de las peticiones de Boliden y ha rebajado de 216.014 a 170.111 euros la remuneración que percibirán los administradores judiciales de la compañía.
Para ello, aplica la reducción prevista del 25% al tratarse de una empresa sin actividad, lo que “disminuye la responsabilidad de los administradores al no tener que ocuparse de la gestión diaria”, pero también incrementa la retribución en un 5% por la “especial complejidad” del concurso.
Estas dos deudas de Boliden se incluyeron en la demanda que la multinacional sueca interpuso, por un importe total de 248 millones de euros, contra ACS, Intecsa, Geocisa y otras empresas españolas que recrecieron la balsa de residuos de la mina y a las que consideró responsables del vertido.
Un juzgado de Madrid estableció en noviembre de 2006 que estas empresas no incurrieron en ningún incumplimiento contractual y utilizaron las mejores técnicas, si bien la resolución se encuentra desde hace dos años pendiente de que la Audiencia de Madrid fije la fecha de la apelación, informaron a Efe fuentes del caso.
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