La Unión de Consumidores de Cádiz mira al próximo curso con muchos proyectos a punto de empezar. Entre ellos, el más llamativo es la creación de un Consejo Social, pionero en España en el seno de este tipo de organizaciones. Con él pretenden dar voz a los ciudadanos ante empresarios, agentes sociales e instituciones y recoger las inquietudes de todos los colectivos afectados para acercar posturas.
—¿Cuáles son las principales quejas que llegan hasta esta oficina?
—En estos momentos podemos hablar de tres tipos de quejas. Por un lado, las tradicionales, que son las protagonizadas por las telecomunicaciones, por otro lado, las eléctricas, que suponen un verdadero quebradero de cabeza para los consumidores y, por último, estaríamos hablando de las reclamaciones a bancos y servicios financieros que han crecido muchísimo en los dos últimos años, a raíz de los embargos y del estallido de las preferentes y de las cláusulas suelo.
—¿Parece que los ciudadanos están perdiendo el miedo a enfrentarse al enemigo más temible, los bancos?
—Además estamos percibiendo como la gente se está rebelando contra la banca. Hay que tener en cuenta que se han cometido muchos abusos y que las circunstancias económicas de las familias cada vez son más complicadas. Todo esto está propiciando que el consumidor sea cada vez más activo a la hora de reclamar a las entidades financieras y que los gaditanos desafíen a los bancos. Antes se pensaba que un banco era una entidad demasiado fuerte, con grandes gabinetes jurídicos, un poder contra el que no había nada que hacer. Creo que la situación ha cambiado, y eso se está consiguiendo gracias a que han ido saliendo sentencias que dan la razón a los consumidores. Muchos juzgados están realizando sentencias bastante valientes a la hora de aplicar la normativa y lo estamos viendo en muchos casos de desahucios.
—¿A nivel de reclamaciones hay algo que sea característico o singular de esta provincia?
—Creo que en Cádiz se sigue la tónica del resto de Andalucía. Quizás podamos tener una mayor incidencia con determinadas reclamaciones transfronterizas, pero es algo anecdótico.
—La Unión de Consumidores de Cádiz está teniendo cada vez más repercusión en los medios y le estáis prestando mucha atención a las redes sociales...
—Nosotros entendemos que el consumidor debe estar bien formado e informado, porque si no lo está lo hace más vulnerable ante los posibles abusos que se pueden producir. Por eso intentamos hacer nuestros comunicados de una manera pedagógica y constructiva y en ese sentido como organización de consumidores siempre intentamos hacer llegar al consumidor sus derechos y obligaciones. En cuanto a las redes sociales, creemos que es un medio de comunicación fundamental en nuestros días, que reporta una gran feedback, porque no sólo nos permite llegar al consumidor, sino que además nos deja conocer qué opina el usuario y qué temas les preocupa.
—¿Cuántos socios hay actualmente en la provincia y cuáles son vuestras expectativas de crecimiento para los próximos años?
—Actualmente somos unos 1.100 en la provincia. Estamos en un ámbito de trabajo importante, no sólo desde el punto de vista de socio, sino de otras perspectivas como son los convenios de colaboración que estamos firmando, la interlocución con el sector empresarial que para nosotros es fundamental. En septiembre habrá novedades destacables para nosotros, que abren un campo nuevo dentro de la participación de los ciudadanos en la organización. Por eso creemos que los años venideros van a ser positivos.
—¿Nos puede adelantar alguna de esas novedades?
—Vamos a crear un Consejo Social en Cádiz donde queremos que estén presentes empresarios, representantes del sector social, colegios profesionales, etc. Será el único consejo social que hay en una organización de consumidores en toda España y ese proyecto lo queremos impulsar.
—Los edificios de extramuros de más de 50 años tendrá que pasar una Inspección Técnica de Edificios (ITE) con el correspondiente gasto que supondrá para los vecinos. ¿Qué opina la Unión de Consumidores? ¿Ha llegado alguna queja al respecto?
—Estábamos tremendamente preocupados cuando se planteó el asunto de las certificaciones energéticas porque las propias ITE no se estaba cumpliendo, cuando nos parecía mucho más importante. Nosotros estamos a favor de que se realicen esas inspecciones porque hay que cumplir con la obligación de seguridad de los propietarios de vivienda. Haremos campañas para informar a los ciudadanos de qué se trata y la necesidad de que realicen estas inspecciones. Repito, no sólo por cumplir la normativa, sino por una cuestión de seguridad.
—¿Qué opina su organización de los controles que se están realizando en Gibraltar y que están suponiendo un golpe importante para el contrabando de tabaco?
—En lo que respecta al contrabando, nosotros llevábamos tiempo avisando de que se tenía que hacer algo, ya no sólo por una cuestión fiscal, sino porque gran parte del tabaco que se vende no cumple con los requisitos de etiquetado, con el consiguiente riesgo que esto entraña para la salud. En cambio estamos en contra de que se cobren tasas por entrar o salir en Gibraltar. Estamos a favor de que haya un control efectivo para evitar el contrabando y la evasión fiscal, pero ya está.
—En qué consiste vuestra última campaña?
—Hemos lanzado una campaña para informar a los usuarios del transporte aéreo, realizada por el área de juventud. Queremos informar a los ciudadanos sobre cuáles son sus derechos y obligaciones, y animarlos a reclamar. Muchas veces se confunde el bajo coste con pérdida de derechos y una cosa no tiene nada que ver con la otra. El ‘low cost’ es en el precio pero no en los derechos.
—Estáis insistiendo mucho en la necesidad de denunciar las cláusulas suelo, ¿cuántos casos habéis tramitado?
—Hemos atendido en torno a 300 consultas, y para el mes de septiembre tenemos unos 30 casos para resolver en los juzgados. Tenemos que señalar la respuesta tremendamente negativa que hemos tenido de los bancos. Los casos más sangrantes son los de las cajas de ahorro, que tendrían que ser las más cercanas a sus clientes y que sin embargo han sido las más abusivas. Nos hemos encontrado con familias desesperadas porque no podían pagar sus hipotecas por culpa de la cláusula suelo, y al otro lado unas entidades totalmente cerradas e insolidarias.
—¿Cuesta llegar a un entendimiento con ellas?
—Por supuesto. En muchos casos el entendimiento llega cuando ya hemos presentado la demanda. Curiosamente, ahora nos estamos encontrando con entidades que rebajan la cláusula suelo durante un año, volviendo a engañar a los consumidores.
—Otras entidades optan por eliminar la cláusula suelo pero aumentar las comisiones por otros servicios. De esta manera lo que pierden por un lado, lo recuperan por otro...
—Exactamente. El endurecimiento de las comisiones son tremendas. Muchas entidades han eliminado las cláusulas suelo pero están poniendo unos diferenciales desorbitados, por lo tanto, estamos en una situación peor a la que se planteaba antes de empezar esta batalla.
—Quedan 15 días para que llegue el mes de septiembre. Los padres afrontarán la vuelta al cole con menos dinero que el año pasado. ¿Qué consejos dais para intentar optimizar el gasto, algo que se antoja complicado?
—Lo primero es adelantar las compras porque esto nos permitirá comparar precios y la calidad de los productos. También recomendamos evitar el marquismo, porque esto encarece el producto hasta en un 30% sin que suponga ningún incremento en la calidad del artículo. Hay que educar a los niños en el consumo responsable y esta crisis es una oportunidad para ello. A los centros educativos les pedimos que eviten la solicitud de material innecesario que no hacen más que incrementar el gasto inicial de la vuelta al cole.
—También queda poco para que finalice el periodo de rebajas, ¿cómo ha trancurrido?
—Pues muy tranquilo, por dos motivos principales, porque al haber menos dinero se ha comprado menos y porque los comerciantes están mejor formados y cumplen con la normativa. Calculamos que este año las ventas han podido caer un 30% con respecto al año anterior. Eso sí, tenemos que decir que lo que no nos gusta es la liberalización de las rebajas, ya que consideramos que ha traído complicaciones, pues nadie sabe cuándo empiezan las rebajas. Antes la gente sabía perfectamente cuando empezaban y acababan. Esto dificulta bastante la labor de los inspectores de los servicios de consumo.
—La Unión de Consumidores de Andalucía ha creado un Observatorio Energético para supervisar la aplicación de la reforma energética y los efectos que puede tener sobre el consumo. ¿Qué esperáis de esta medida que habéis puesto en marcha?
—El objetivo fundamental es dar voz al ciudadano donde no la tiene. La reforma va a ser muy negativa. Vamos a estar pendientes de los cambios que se van produciendo, porque estimamos que se se va a incrementar la factura de una manera importante. Para septiembre tendremos novedades en este sentido. Nos vamos a reunir con sectores empresariales afectados y con el Colegio de Ingenieros para que nos den su opinión.
—¿Algún proyecto más para el otoño?
—Habrá muchos. Sobre todo quiero destacar los proyectos de colaboración empresarial y otros que habrá desde un punto de vista más social. Queremos que la Unión de Consumidores sea una entidad social y para ello hay que estar cerca de los usuarios. De aquí a final de año primarán estos proyectos frente a otros, ya que los consideramos fundamentales.
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