El Grupo Parlamentario Popular se ha opuesto este jueves, en la Diputación Permanente del Congreso, a que se produzcan las comparecencias de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, y del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, para explicar el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional --que hoy mismo ha sido admitido a trámite-- contra el decreto andaluz antidesahucios.
El Grupo Socialista había solicitado la comparecencia de Sáenz de Santamaría en un pleno extraordinario mientras que Izquierda Plural y Grupo Mixto habían pedido la de De Guindos en una sesión extraordinaria de la Comisión de Economía. Todos los grupos excepto el PP han adelantado que votarán a favor de que ambos pasen por la Cámara para dar las explicaciones, sin embargo, la mayoría absoluta de los 'populares' impedirá con la votación que se celebrará a última hora del día, que esa situación se produzca.
El portavoz de IU, José Luis Centella, y el diputado socialista José Martínez Olmos han sido los encargados de defender las peticiones de comparecencia y ambos han coincidido en defender que el recurso, que con la admisión a trámite por el TC ha quedado suspendido, perjudica a los ciudadanos, especialmente a los más desfavorecidos.
Así, Martínez Olmos ha lamentado la actitud del Gobierno, "sin alma" y "que traiciona a los ciudadanos mientras se rinde a los intereses de la banca"; mientras que Centella ha aventurado que desde hoy "la troika y la banca van a poder dormir tranquilas pero no así muchas otras personas que creían que ese decreto era su última oportunidad y a las que la acción del Gobierno pone a los pies del caballo".
"RESUCITA A LAUREN POSTIGO"
El portavoz de la formación de izquierdas ha manifestado su "máximo desprecio" para quienes hoy "han bloqueado a quienes veían que ésta era su única esperanza" y, además, ha mantenido que con el recurso, el PP "vuelve al año 80 y resucita a Lauren Postigo", en alusión a la campaña de la derecha contra del Estatuto de Autonomía.
El socialista también ha dicho que la postura de los 'populares' es un "ataque a la autonomía" y ha defendido que, mientras que "Andalucía favorece a la gente con medidas, Rajoy, a los poderosos". Tras citar al presidente del Gobierno, ha hecho referencia a su situación y a la de otros responsables en base a la documentación aportada por el extesorero Luis Bárcenas.
Les tiene "sobrecogidos por haber estado muchos años bajo un régimen de sobresueldos", ha dicho el diputado, que ha añadido que "Bárcenas tiene amordazado a Rajoy y Rajoy amordaza al Parlamento" con su negativa a dar explicaciones.
Por último, Martínez Olmos ha recordado que el PP-A no se opuso al decreto en el Parlamento regional, lo que hace que ahora su líder, José Ignacio Zoido, "baje la cabeza" y dé cuenta del "poco peso que tiene en Andalucía".
Por su parte, la postura del PP ha sido defendida por el diputado por Santa Cruz de Tenerife Pablo Matos que ha iniciado su intervención ironizando sobre la "política de otra manera" que previamente había defendido el PSOE sobre la forma de trabajar de la Junta de Andalucía. "La vemos todos los días en los periódicos, el escándalo del Gobierno andaluz", ha dicho.
DERECHO Y DEBER DE RECURRIR
Matos ha defendido el "legítimo derecho" del Ejecutivo a presentar el recurso, el mismo que ha llevado a la Junta a hacer lo mismo contra varias leyes estatales. "Nadie entendería que una administración autonómica gobernada por PSOE o IU pueda presentar los recursos de inconstitucionalidad que le plazcan, y el Gobierno, no", ha indicado.
El 'popular' ha calificado de "absurdo" que se mantenga que la decisión pone a España "al servicio de la troika o la banca" y ha defendido que el Gobierno recurre la norma porque "tiene dudas de la constitucionalidad de la misma" algo que, además, ha sido "respaldado" por el Consejo de Estado.
En ese sentido, ha recordado que el dictamen de este órgano recoge que "no parece constitucionalmente admisible" que una comunidad pueda determinar el concreto alcance del derecho de propiedad de vivienda o que pueda definir en abstracto y por sí sola el alcance de un derecho de naturaleza civil invocando para ello una competencia meramente sectorial.
"Está de sobra justificado que existen indicios muy racionales de que el decreto andaluz ha incurrido en inconstitucionalidad y, por lo tanto, el Gobierno está en su derecho y en su deber de presentar el recurso", ha subrayado el parlamentario del PP, que también ha indicado que las normas estatales ya amparan a los posibles beneficiarios de la norma andaluza.
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