La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha defendido la constitucionalidad del decreto ley para asegurar la función social de la vivienda en Andalucía frente al recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) anunciado por el Gobierno de España contra esta norma, para lo cual Cortés apunta que el Ejecutivo central "ha fabricado excusas falsas", de manera que "ha montado una grotesca operación para cargarse de supuestas razones en base a las apreciaciones de la CE", asevera.
En declaraciones a Europa Press, la consejera considera que el anuncio de recurso contra el decreto ley "supone un ataque frontal a la autonomía y a la soberanía andaluzas con el único objetivo de defender los intereses de las entidades financieras".
Por ello, lamenta que el Gobierno "se pone al servicio del totalitarismo financiero, intentando dejar fuera de la legalidad las políticas alternativas al neoliberalismo, algo que no va a conseguir".
La Junta ha recordado que con el Decreto Ley, la Consejería "da respuesta a la vulneración sistemática del derecho humano a la vivienda que está teniendo lugar en Andalucía, vulneración denunciada incluso por la ONU".
Considera que "cuando el Gobierno ha comprobado que el Decreto Ley funciona y es efectivo, ha decidido recurrirlo fabricando para ello excusas falsas", de manera que, a juicio de Cortés, "no lo recurre en defensa de la Constitución, sino en defensa de intereses especulativos contrarios al interés general".
La consejera ha dejado claro que el decreto ley "es hoy una norma plenamente vigente", por lo que la Consejería "continúa con la tramitación de expedientes de expropiación del uso de viviendas para evitar desahucios de personas en riesgo de exclusión social, así como con la inspección del parque andaluz de viviendas para detectar inmuebles deshabitados y, eventualmente, proceder a la sanción de las personas jurídicas que los posean".
"De ninguna manera el Gobierno va a torcer la voluntad de la Consejería de Fomento y Vivienda y del Gobierno andaluz de defender el derecho humano a la vivienda, así como su función social, y de hacer políticas al servicio de la mayoría trabajadora, castigada por las salvajes políticas de recortes impuestas por la Troika y por el Ejecutivo de Mariano Rajoy", ha aseverado Cortés.
Asimismo, insiste en asegurar que el decreto ley para asegurar la función social de la vivienda "es plenamente constitucional", tras lo que ha recordado que el artículo 33 de la Constitución española "consagra la 'función social' del derecho de propiedad, función social que forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad".
ARGUMENTOS "FALSARIOS Y TRAMPOSOS"
"España es un Estado de Derecho, no un Estado de derechas", ha agregado la consejera, quien lamenta que el Gobierno "anuncia un recurso sin clarificar cuáles son los aspectos objeto del mismo ni las causas en que el mismo se sustenta".
Apunta que la alusión a que el decreto ley 'afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad privada' es "falsaria y tramposa".
"Las administraciones expropian propiedades cada día para construir metros, autopistas, y hasta campos de golf, invocando para ello el interés general, y el Gobierno no se opone", ha agregado Cortés, quien lamenta que el Ejecutivo "está defendiendo no el derecho a la propiedad, sino los intereses de las entidades financieras, en este caso a costa de una violenta intromisión en la soberanía andaluza".
Ha recordado asimismo que el decreto ley "fue convalidado sin ningún voto en contra en el Parlamento andaluz, donde continúa su tramitación parlamentaria". "Por fortuna el Gobierno no puede decretar el Estado de excepción parlamentaria", agrega Cortés, quien deja claro que el Parlamento "aprobará la ley", frente a lo que el PP "no votó en contra del decreto ley y queda a los pies de los caballos", por lo que espera que "salga en defensa del decreto ley, de la autonomía andaluza y de su Estatuto".
"El Gobierno realiza un uso torticero de los mecanismos institucionales a su alcance", se lamenta la consejera, quien asegura que el Ejecutivo "ha montado una grotesca operación para cargarse de supuestas razones en base a las apreciaciones de la Comisión Europea, en realidad inspiradas por la visión sesgada sobre el Decreto ofrecida por el propio Gobierno español, pero la Comisión en ningún momento alude a una supuesta vulneración de la legislación española, mucho menos de la Constitución, sino a la presunta posibilidad de incumplimientos del memorando para el rescate financiero".
Lamenta que el Gobierno "sitúa este memorando por encima de la Constitución, utiliza el Tribunal Constitucional, en el que se ha asegurado previamente una mayoría conservadora, para defender de forma tramposa los intereses de las mismas entidades financieras que indecentemente ha regado con dinero público sin exigir contrapartida alguna".
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