El Parlamento andaluz ha abogado por que se aceleren los plazos para la rendición de la cuenta general de la Junta de Andalucía ante la Cámara de Cuentas, a través de las modificaciones necesarias de la legislación vigente.
Así se recoge en el dictamen aprobado por la Comisión de Hacienda y Administración Pública relativo al informe anual de la Cámara de Cuentas de fiscalización de la cuenta general, contratación administrativa y Fondo de Compensación Interterritorial correspondiente al ejercicio 2011.
En el dictamen, al que ha tenido acceso Europa Press se insta al Consejo de Gobierno a adoptar las medidas necesarias para determinar definitivamente la población de consorcios dependientes de la Junta, con el fin de que sus presupuestos y cuentas anuales sean objeto del control por parte de la administración autonómica y pasen a formar parte del resto de entidades que conforman el presupuesto y cuenta general andaluza.
En este sentido, se recomienda la incorporación al presupuesto de la comunidad de los presupuestos de explotación y de capital de todos los consorcios participados mayoritariamente por la Junta y que sus cuentas anuales se sometan a auditoría.
También se pide incluir en el presupuesto andaluz los presupuestos de explotación y de capital del conjunto de fundaciones de carácter público, con el fin de aumentar el grado de cumplimiento de los principios de homogeneidad, uniformidad y publicidad de la información
que se emite por la administración pública.
Asimismo, la Cámara autonómica pide al Gobierno andaluz que inste a los órganos con facultades de contratación al cumplimiento de la grabación y registro de expedientes de contratación en el correspondiente registro, así como garantizar la veracidad de los datos contenidos en el mismo.
Se pide que el Ejecutivo exija a las empresas públicas la homogenización de la información contenida en el presupuesto con la incluida en la cuenta general de la comunidad y que vigile la justificación adecuada de los supuestos legalmente previstos para las contrataciones acogidas a la tramitación de urgencia.
En este sentido, el Parlamento reclama solicitar, en los procedimientos de contratación negociados sin publicidad, oferta al mayor número
posible de empresas capacitadas para realizar la prestación, con el fin de facilitar una mayor y efectiva competitividad entre ofertantes.
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