El parlamentario de IU por Cádiz, Ignacio García, mantuvo días atrás un encuentro con representantes de trabajadores administrativos de colegios públicos que durante estos días han protagonizado varias jornadas de huelga por los impagos de STI (Sistemas Territoriales Integrados), empresa que mantiene la concesión del servicio. Para el diputado andaluz, la solución al conflicto pasa necesariamente por la rescisión del contrato que la Junta de Andalucía mantiene con STI, al tratarse de una empresa que “no ha sido capaz de pagar una nómina completa desde que se el adjudicó el servicio y que posiblemente no esté cumpliendo con las condiciones del pliego desde el momento en que al parecer no disponen siquiera de personal de coordinación en la provincia para cuando los trabajadores tienen algún problema, teniendo que llamar a Madrid y recibiendo una mala atención”.
Según trasladaron los propios trabajadores, se da la circunstancia de que únicamente hay conflictos en las provincias donde STI presta sus servicios, en Cádiz y en Córdoba, por lo que García entiende que se hace “urgente” la resolución del contrato. Para el diputado, es fundamental que en este proceso se garantice el cobro de los trabajadores y de todas las deudas acumuladas, así como la subrogación de todo el personal a la futura empresa que obtenga la concesión del servicio.
García señala que a partir de la experiencia con STI y de las condiciones en las que desempeñan los trabajadores su labor, “los futuros pliegos de condiciones deben garantizar el cumplimiento del convenio para evitar abusos en la clasificación y en la consideración de los trabajadores”.
Por otra parte, el parlamentario andaluz apuntó que IU se plantea como objetivo a medio plazo que “una vez que se resuelvan las dificultades financieras derivadas de la crisis y se pueda dedicar a educación todos los recursos necesarios, sin las trabas actuales del Gobierno central para contratar, debería aspirarse a iniciar un proceso de contratación directa de estos trabajadores por parte de la Junta o de entes públicos dependientes de la Junta, que eviten este tipo de situaciones”.
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