Más del 99,6 por ciento de los ayuntamientos andaluces ha solicitado adherirse a las ayudas contempladas en el Programa de Ayuda a la Contratación que contempla el decreto ley de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía. De los 771 ayuntamientos andaluces, sólo tres han rechazado sumarse al programa "por carecer de candidatos que reúnan los requisitos requeridos en el decreto".
Según un comunicado de la Consejería de Salud y Bienestar Social, en las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla se ha adherido la totalidad de los consistorios, mientras que en Almería lo ha hecho un 98 por ciento (100 de 102) y en Granada un 99,4 por ciento (167 de 168).
El programa, dotado con 40 millones de euros, recoge ayudas extraordinarias a las corporaciones locales para la contratación de personas desempleadas y en riesgo de exclusión social, por un periodo de entre 15 días y tres meses, para el desarrollo de actividades de especial interés para la comunidad. En la adjudicación de los contratos se dará prioridad a las unidades familiares con todos sus miembros en paro; las familias numerosas de las que formen parte menores de edad; las personas residentes en territorios reconocidos como Zonas con Necesidades de Transformación Social; las personas con discapacidad o en situación de dependencia, y las familias monoparentales y víctimas de violencia de género con hijos a cargo.
Estas ayudas a la contratación se distribuirán entre los ayuntamientos de manera directamente proporcional al número de personas en paro de cada municipio registradas a 31 de diciembre de 2012. De acuerdo con las previsiones, el programa permitirá emplear a alrededor de 47.000 personas.
El decreto ley de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la Lucha contra la Exclusión Social en Andalucía parte de varios objetivos, entre los que destacan prevenir situaciones de exclusión social o paliar su impacto en los colectivos más vulnerables y atender las necesidades básicas de alimentación de los menores y sus familias y mitigar los efectos de la crisis, exclusión y pobreza sobre la infancia y los mayores evitando la necesidad de iniciativas benéficas o caritativas. También prevé agilizar los trámites para la solicitud del Ingreso Mínimo de Solidaridad, unas solicitudes que se han duplicado desde el comienzo de la crisis y prestar especial atención a las Zonas de Transformación Social, entendidas como aquellos espacios urbanos concretos y físicamente delimitados, en cuya población concurren situaciones estructurales de pobreza grave y marginación social.
La dotación de este decreto alcanza los 120 millones de euros adicionales que se distribuyen entre el Extraordinario de Acción Social de Andalucía, que incluye dos programas, el de Ayuda a la Contratación y el de Consolidación del Servicio de Ayuda a Domicilio, con una dotación de 60 millones, y el Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria, dotado con 16 millones. Además, se refuerza el presupuesto del Ingreso Mínimo de Solidaridad, que se agiliza su tramitación, con 44 millones más sobre los 70 aprobados para 2013.
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