A gritos, y al terminar el juicio celebrado a instancias de Minas de Riotinto (MRT) contra Mantesur y Emed, Carlos Estévez se dirigió al letrado de Mantesur insultándole y amenazándole. La propia titular del Juzgado de Primera Instancia nº 21 de Sevilla tuvo que advertir al presidente de MRT de que desalojara la sala porque la vista ya había terminado.
Según testigos presenciales de los hechos, Estévez visiblemente nervioso y exaltado, se dirigió al letrado, Miguel Salas, afirmando “voy a acabar contigo”, “llevas ocho años machacándome”, “que me detengan y me lleven preso, me da igual”, “eres un hijo de puta y un cabrón, acabaré contigo”. Estévez tuvo que salir de la sala a instancias de otras personas que allí estaban, tuviendo que esperar el referido letrado varios minutos hasta que éste salió de las dependencias judiciales para evitar mayores enfrentamientos.
El juicio era a instancias de MRT, que pretendía la resolución de la subasta efectuada en 2004 por la cual la Comisión Liquidadora transmitió los activos y derechos mineros a Mantesur. En la vista quedó constancia de los procesos penales que Estévez tiene en su contra. Incluso alguno de sus testigos, como el ex trabajador de Mantesur y estrecho colaborador de Estévez, Luis Alonso Bugueiro, fue desautorizado en su testimonio.
Olvidos del testigo
A preguntas del letrado de Mantesur, y tras manifestar que nada tenía en contra de Mantesur y ser imparcial, Alonso Bugueiro dijo “no recordar” si estaba imputado en dos procesos judiciales, uno de ellos por estafa y apropiación indebida por haber desviados más de 4 millones de euros del dinero ingresado por Shorthorn Limited para destinarlo a mantenimiento y otra por falsedad documental, de un contrato falso en el cual se arrendaban de Construcciones Zeitung S.L. por unas sumas astronómicas, procesos en los que es parte Mantesur.
Igualmente, Estévez intentó apoyar sus tesis con la declaración de un miembro de Ecologistas en Acción que llegó y se marchó del juicio junto a Estévez, y dijo “no saber si en la época de MRT también habían existido vertidos”.
También declaró un funcionario de la Delegación de Minas de Huelva, quien, en contra de lo esperado por Estévez, desmontó radicalmente su teoría, culpando a éste de haber sido el responsable de vertidos, y de haber tenido que ser inhabilitado como Director Facultativo de las Minas por su comportamiento.
El referido funcionario, que manifestó haber sido cesado aunque ahora estaba jubilado, indicó que los incumplimientos medioambientales habían existido a lo largo de los últimos años con independencia de las distintas empresas titulares.
El abogado de Mantesur, puso de manifiesto lo que denominó “la gran tomadura de pelo” que era el proceso en sí, solicitando no sólo que se desestimara la demanda sino que se impusieran las costas por temeridad a la parte actora, asumiendo que dichas costas no serían asumidas por tener MRT más de 300 incidencias judiciales y ser totalmente insolvente.
Indicó que Estévez llevaba años intentando recuperar la mina por todos los medios posibles y que ello le había originado querellas de todo tipo; añadió que debería investigarse el destino del dinero abonado en su día por Shorthorn Limited a la Comisión Liquidadora, más de 600.000 euros; y terminó enumerando los procesos penales abiertos contra Estévez, indicando que hasta el propio Tribunal Supremo había ordenado que fuera investigado por si la venta efectuada en 2004 había sido una maquinación para alterar el precio de las cosas.
Esas manifestaciones terminaron de soliviantar a Carlos Estévez que, a duras penas aguantaba sentado en el banquillo y ya había sido advertido por la jueza de expulsión por haber usado tu teléfono móvil dentro de la sala de vistas, aparentemente por enviar mensajes durante la celebración del juicio.
Al terminar de la vista judicial, Estévez se dirigió de forma agresiva al letrado con ánimo de agredirle, profiriendo los insultos referidos, y visiblemente alterado, nervioso y fuera de sí.
El bufete que representa a Mantesur es el conocido despacho sevillano Salas & Donaire, que ya ganara los procesos judiciales que terminaron con la toma de control por parte de Shorthorn de la compañía Mantesur, tras llegar el asunto hasta el Tribunal Supremo.
Este bufete lleva también los procesos penales contra Estévez, y sus colaboradores Alonso Bugueiro y Arias Fontal, en el que según fuentes consultadas las instrucciones penales estarían ya a punto de concluir y donde se le pedirán penas de prisión superiores a los 8 años.
Fuentes consultadas por VIVA, afirmaron que estaban estudiando la petición de un solicitud de prisión preventiva por riesgo de fuga debido al conjunto de penas que pudiera tener que asumir Estévez en el futuro más cercano.
Sin declaraciones
Este medio se ha puesto en contacto con Carlos Estévez para conocer su versión de los hechos, negándose a realizar cualquier tipo de declaración. “No tengo que comentar nada, porque no son temas que se dirimen en los periódicos sino en los tribunales”, concluyó.
Treinta años sumando cargos y también pleitos
Carlos Estévez Ruiz de Castañeda (Madrid, 1949), cuyo nombre lleva vinculado a Riotinto desde mediados de los 90, acumula a sus espaldas una gran tradición empresaria, al menos en lo que a sus cargos se refiere, pero también judicial, hasta 300 según el letrado de Mantesur, que intentaba mostrar cómo, desde que se cerraran las Minas de Riotinto, ha usado numerosas empresas, propias y ajenas, para volver a retomar el control de las minas, sin conseguirlo pero judicializando además un proceso en el que todos han perdido y al único que acusan de haber ganado es él.
Según los informes que posee el grupo Viva, en estos momentos, Carlos Estévez es administrador único de seis empresas (entre ellas Clarkdale, también inmersa en procesos judiciales y tributarios, o Arxe, su consultora y en el que es apoderad su hijo), y ostenta los cargos de presidente, consejero delegado o similar en otras cinco, entre ellas la propia MRT o Red Creek, ambas inmersas en incidencias judiciales.
Además, es apoderado en Empresa Nacional de Innovación (desde 1990), representante de Gestión de Recursos Mineros (con varias incidencias con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria) y gerente de Credemsa.
Lo interesante, según los investigadores, es la relación de estas empresas entre ellas y con el resto de personas que de forma directa o indirecta están implicados en los numerosos procesos judiciales que acumula Estévez: varios de sus familiares son apoderados o testaferros en determinadas compañías que a su vez tienen participaciones de otras y cuya representación ha sido utilizada para modificar el discurrir de las compañías en función de sus intereses. Así lo atestigua también el informe policial entregado al juzgado de Instrucción 13 de Sevilla en otro proceso judicial que se sustancia contra él por estafa, alzamiento de bienes y otros delitos de tipo societario.
La “habilidad” de Carlos Estévez por utilizar sus empresas y sus cargos para intentar hacerse de nuevo con Riotinto lo ha hecho ser partícipe de casi la totalidad de iniciativas que han llegado a las minas para reabrirlas.
Conocidas ya, porque están sustanciándose en los juzgados, su asesoramiento con Shorthorn o Emed Tartessus, ambas con denuncias contra él, su oferta como mediador lo llevó a ser el representante en 2001 de Trafigura, la empresa que en la actualidad gestiona la mina de Aguas Teñidas, Matsa.
La multinacional Trafigura, que tuvo que hacer frente a la indemnización por un vertido tóxico en 2006 que causó 15 muertos y envenenó a cien mil personas en Costa de Marfil, topó en el 2000 con Carlos Estévez, quien le ofreció mediar en la reactivación de Riotinto, envuelta por entonces en una crisis económica y societaria bestial, con investigaciones por parte de Bruselas a sus ayudas y con un crédito del ICO que aún pesa sobre la extinta sociedad.
Estévez ejerció en 2001 como su representante en España, constando numerosos documentos en la hemeroteca de su labor, aunque los problemas de la SAL y el posterior cierre de las minas, a través de un expediente de regulación de empleo (ERE) que continúa siendo investigado por la magistrada Mercedes Alaya, titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, hicieron desistir a Trafigura de su intento.
La multinacional reconoce que Estévez realizó alguna “colaboración de forma puntual” para su compañía en aquellas fechas, pero asegura tajantemente que en la actualidad “no tiene ninguna relación laboral ni contractual” con Carlos Estévez.
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