El PP andaluz ha llamado la atención este domingo sobre cuestiones que califican de "máxima gravedad", como es que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, inste a la Consejería de Fomento y Vivienda a iniciar una investigación interna ante posibles "irregularidades" en la concesión de ayudas al alquiler, al tiempo que manifiesta su preocupación por la "existencia de miles de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública u oficial desocupadas" en la comunidad andaluza.
La vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP-A, Alicia Martínez, ha desgranado en una rueda de prensa este domingo algunas de las conclusiones incluidas en materia de Urbanismo y Obras Públicas en el informe del Defensor correspondiente al ejercicio 2012, que este miércoles presentará Chamizo en el Parlamento andaluz, justo antes de someterse a la Cámara el decreto ley de la función social de la vivienda.
El informe, consultado por Europa Press, pone de manifiesto que la Oficina del Defensor ha admitido "decenas de quejas" por retrasos en la concesión de ayudas en fomento del alquiler o renta básica de emancipación, reflejando que los afectados han estado sin respuesta de la Administración "durante meses, a veces años" o han recibido información "errática" de algunas delegaciones territoriales.
A raíz de estas quejas, la institución sugiere a la Consejería que realice "una investigación interna" con el objetivo de que, "en el supuesto de que se hayan producido irregularidades, con independencia de exigir las responsabilidades a que haya lugar, se adopten medidas para que no vuelva a ocurrir". Para los 'populares', esta "insinuación" por parte del Defensor es de "máxima gravedad" y pone de manifiesto un "engaño en toda regla a los jóvenes andaluces".
Del mismo modo, Martínez ha destacado que el informe recoge la advertencia que el Defensor realizó en julio de 2012 sobre la existencia de "miles de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública u oficial desocupadas" en Andalucía, al tiempo que recoge varias quejas de oficio, entre ellas una dirigida a la Empresa Pública de Suelo en Andalucía (EPSA) sobre la posible existencia de viviendas desocupadas en Úbeda (Jaén) desde 2006.
La dirigente 'popular' considera que este extremo demuestra que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, "está mintiendo" al igual que la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés. Ha recordado que el PP andaluz estima que la Junta cuenta con "5.000 viviendas" protegidas vacías, criticando la "opacidad" de la Administración andaluza al haber "retirado" de la web de EPSA la oferta de vivienda.
MOCIONES EN TODOS LOS AYUNTAMIENTOS
Con todo ello, Martínez ha anunciado que el PP va a presentar en todos los ayuntamientos andaluces en los que tienen representación mociones con nueve puntos para exigir al Gobierno de la Junta "soluciones concretas" en materia de vivienda.
En primer lugar, la moción incluye la petición de poner las viviendas de titularidad pública a disposición de los afectados por un procedimiento de desahucio por ejecución hipotecaria y dé a conocer a los ayuntamientos la relación de viviendas vacías en cada municipio. El segundo punto es poner en macha una política social de vivienda centrada en ofrecer soluciones a los que corren el riesgo de perderla.
El tercer punto es que se "garantice una información transparente" sobre la vivienda pública disponible de titularidad andaluza con una base de datos actualizada, el cuarto aprobar un reglamento para la gestión y uso de vivienda pública que permita que se puedan "rotar" cuando sea necesario y el quinto que la vivienda protegida en régimen de venta se pueda recalificar para pasar a alquiler.
Las otras cuatro medidas propuestas son que la Junta incluya entre sus varemos para destinar vivienda protegida el hecho de haber sufrido desahucio o estar afectado por ejecución hipotecaria, que se apruebe un Plan de Vivienda en Andalucía de forma "urgente" al amparo del Plan Estatal, que se establezca un plan para erradicar el chabolismo y la infravivienda en Andalucía.
"Queremos actuaciones concretas, porque el primer año de gobierno del bipartito ha sido lamentable", ha manifestado Martínez, quien ha destacado que el Gobierno de coalición entre PSOE-A e IULV-CA ha sido "en blanco" para los andaluces y ha estado marcado por el "escándalo de corrupción" de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, la "pasividad" y la "radicalidad".
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