El consejero de Agricultura, Martín Soler, se reunió ayer con los dirigentes regionales de la UGT, Manuel Pastrana, de CCOO, Francisco Carbonero, y con el presidente de la CEA, Santiago Herrero, con los que acordó empezar a diseñar ese plan para impulsar y fortalecer una de las principales industrias andaluza, que emplea a más de 52.000 personas y factura más de 13.000 millones anuales.
Martín Soler explicó que el plan se basará en un incremento de la productividad medida en términos de capacidad de producción por empresa, ya que “hay margen” para ello y eso se puede conseguir mediante reducciones de costes y ganando tamaño, ha apuntado.
El segundo eje del plan será la apuesta por la calidad a través de la innovación y la investigación y el tercer pilar es la apertura de nuevos canales de venta en el exterior.
Estos criterios son los que guiarán la reorientación de las ayudas públicas a la agroindustria, indicó el consejero, quien señaló que dicho plan contará con el apoyo financiero de la orden de incentivos, que suponen unos cien millones al año.
También se ha consignado en el presupuesto para 2009 una partida de 120 millones para la industria agroalimentaria mediante préstamos y avales financieros para inyectar liquidez en la crisis financiera actual y que constituye una “novedad”, destacó Soler.
Asimismo, el plan de desarrollo rural de la UE, que cuenta con más de 5.000 millones hasta 2013, contemplan partidas sobre todo destinadas a la mejora de equipamientos e infraestructuras en el ámbito rural, que es donde se ubica la agroindustria andaluza.
El consejero indicó que las tres partes se han propuesto tener elaborado el plan estratégico antes de finales de 2008 para empezar a aplicarlo en 2009, al tiempo que resaltó el gran potencial de crecimiento de la industria agroalimentaria andaluza.
Los dirigentes sindicales coincidieron en la necesidad de impulsar esta industria y apostaron por dimensionarla, ya que el 90% de las empresas tiene menos de diez trabajadores, y aseguraron que, si aumentan su tamaño, ganarán en competitividad, en innovación y mejorará el empleo y su calidad.
Carbonero defendió dar un giro a la política de incentivos públicos favoreciendo a las empresas que apuesten por empleo estable, por la innovación y “por futuro y que no se mantengan ancladas en el pasado”.
En este sentido, Pastrana reivindicó la vinculación de los incentivos a la solvencia y la viabilidad de las empresas para “no dilapidar los recursos” y sostuvo que la administración debe “complementar las inversiones empresariales” pero “sin generar un sector dependiente de las ayudas”.
Santiago Herrero, que definió a la agroindustria como la “joya de la corona de la industria andaluza”, demandó la implicación de todas las consejerías en el desarrollo del plan, así como agilidad administrativa en el pago de las subvenciones.
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