El Ministerio de Economía defiende la nueva Ley Antidesahucios, que previsiblemente entrará en vigor en el mes de mayo, porque considera que es "la más adecuada y equilibrada" para seguir cumpliendo con el principio de pago de deuda, tan arraigado en España.
La normativa, que continua su tramitación en el Congreso, incorpora una treintena de enmiendas presentadas por el Grupo Popular y medio centenar de propuestas planteadas por el PSOE, CiU, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, el PNV y el Grupo Mixto. El documento resultante será debatido el próximo martes por la Ponencia designada por la Comisión parlamentaria de Economía.
Fuentes del Ministerio han explicado que el texto se ha centrado en tres aspectos fundamentales: la deuda, la garantía y los procedimientos de ejecución hipotecaria tanto judicial como extrajudicial.
El texto incluye un bloque de modificaciones para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de la Unión Europea (TJUE) tras el caso de un particular afectado por una cláusula abusiva. En este sentido, se limitan las costas, que no podrán superar el 5% de la cantidad reclamada y se pondrá tope a los intereses de demora de las nuevas hipotecas a tres veces el interés legal del dinero.
Otras previsiones para prevenir el sobreendeudamiento consisten en limitar los préstamos al 80% del valor de tasación de la vivienda --60% si la hipoteca sirve para garantizar otro préstamo-- y que el plazo de amortización sea de 30 años como máximo.
También se prevé que tras la ejecución, se quede liberado de la deuda si se paga el 65% en cinco años o el 80% en diez años. Esta medida se aplicará retroactivamente a las adjudicaciones de vivienda anteriores a la ley "siempre que a esa fecha no se hubiere satisfecho completamente la deuda y que no haya pasado los plazos de cinco o diez años", según precisan desde el Ministerio de Economía.
Así, en el caso de un persona que deba 53.280 euros de su hipoteca, que haya pagado el 65% (34.632,56 euros) y a la que la entidad le haya revendido la vivienda en un 80%, el saldo total que tendrá, cinco años después del remate, sería de 24.932,56 euros.
PLUSVALÍAS Y SUBASTAS
La normativa determina además que, si con la venta del inmueble se obtiene una plusvalía, el 50% de la misma servirá para reducir la deuda pendiente y, si el beneficio es superior a la propia deuda, se deberá poner a disposición del deudor el remanente.
En cuanto a las subastas sin postor, la adjudicación de una vivienda habitual no podrá ser inferior al 70% del primer valor de subasta o el 60% si la deuda es inferior a ese valor.
El texto no incluye la dación en pago. Según han indicado fuentes del departamento que dirige Luis de Guindos, se busca reducir la deuda al mínimo posible, por lo que no se quiere incorporar este sistema para evitar que se "resienta" el sistema como sucedió en Irlanda. "Hay que establecer medidas para que la gente pague su hipoteca, pero no se vea abrumada por una deuda de por vida", han apuntado.
Otro de los aspectos importantes de la reforma es la posibilidad de paralizar un desahucio en el caso de que el proceso de ejecución se haya desencadenado a raíz de una cláusula abusiva. "En cláusulas abusivas hay un límite, que es una cuestión muy jurisprudencial. Se paraliza el proceso en el momento en que un juez haya determinado que una cláusula abusiva ha dado lugar a la ejecución. Si es otra cláusula, puede aplicarlas", han precisado.
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