El portavoz de IU LV-CA en la Diputación Provincial, Rafael Sánchez, ha anunciado hoy en rueda de prensa que “Izquierda Unida va poner en marcha durante el presente mes de abril una ofensiva institucional para impulsar un proceso constituyente que reivindique la proclamación de la III República y que sirva para que se abra paso un nuevo modelo de estado que supere las injusticias sociales y económicas que genera el actual, para lo cual también promoveremos encuentros abiertos a toda la ciudadanía”.
Respecto a la reivindicación de la III República, Sánchez ha anunciado que Izquierda Unida va presentar en el próximo pleno de la Diputación Provincial una iniciativa “para que esta institución sea la primera del Estado que se declare abiertamente republicana”. En este sentido, el diputado provincial de IU destaca el papel de los ayuntamientos en los avances democráticos de este país, y ese papel debe ser también de protagonismo en la consecución de la III República.
Sánchez ha anunciado además que el próximo día 3 de abril, miércoles, coincidiendo con el 34º aniversario de las primeras Elecciones Municipales tras la dictadura, “Izquierda Unida va a presentar con actos públicos en toda Andalucía un manifiesto en defensa de la autonomía de los ayuntamientos que están amenazados por el proyecto del Gobierno del PP para reformar la administración local que supondrá una reducción de servicios públicos acarrearán privatizaciones, la destrucción de empleo público, el desmantelamiento de los ayuntamientos y la pérdida de autonomía municipal”.
Por ello, Izquierda Unida ´pretende llevar a las instituciones donde tiene representación, su manifiesto en defensa de la autonomía local para que se pueda convertir incluso en un bando municipal con el que llamar a la movilización a la ciudadanía. En concreto, Izquierda Unida denuncia que con esta Ley Anti-Ayuntamientos, las diputaciones asumirán las prestación de los servicios públicos de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes si estos superan un coste estándar fijado por el Gobierno central que estará por debajo del coste real de los servicios, “facilitando así la privatización de dichos servicios y el despido de miles de empleados públicos”.
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