El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a tramite el recurso presentado hace un mes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía contra la Ley de Tasas Judiciales en su redacción anterior a que fuera revisada mediante decreto ley para rebajar sus cuantías por recomendación de la Defensora del Pueblo.
En la providencia, con fecha del pasado 12 de marzo, el TC informa de la admisión a trámite del recurso y da un plazo de quince días al Gobierno y a las Cortes para decidir si presentan alegaciones. En el mismo sentido y con la misma fecha el tribunal de garantías ha admitido a trámite recursos similares interpuestos por el PSOE y por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña.
La Junta llevó ante el TC la redacción inicial de la Ley de Tasas Judiciales por considerar que se trata de una norma "injusta e insolidaria" que "limita el acceso" de la ciudadanía a la Justicia "por cuestiones económicas" y promueve, por tanto, "la desigualdad".
A juicio del Gobierno andaluz, los artículos 1, 2, 3, 4 y 7 de esta norma estatal "vulneran el principio de igualdad y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocidos en la Constitución Española, al ampliar y generalizar el pago por el acceso a la Administración de Justicia hasta el punto de producir un efecto disuasorio para gran parte de los ciudadanos y para las pequeñas y medianas empresas".
Según defendió en su día el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, "la norma provoca desigualdades y genera un fuerte mecanismo disuasorio para muchos ciudadanos a la hora de acceder a la Justicia, suponiendo un ataque directo al derecho a la igualdad y a la tutela judicial efectiva".
La Junta decidió interponer el recurso pese al anuncio realizado por el ministro de Justicia e Interior, Alberto Ruiz Gallardón, de reducir en un 80% las tasas variables para algunas jurisdicciones alegando "desconocimiento de las pretensiones reales" del Ministerio en el momento en que expiraba el plazo para su presentación.
Lo cierto es que el Ministerio, a instancias de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, procedió a revisar la ley para rebajar la cuantía de las tasas, en algunos casos hasta en un 80%, pero sin cuestionar su existencia. Esa reforma, acometida mediante decreto ley y ya en vigor, fue convalidada la pasada semana por el Congreso.
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