El grupo parlamentario de IULV-CA defenderá en la Comisión de Presidencia e Igualdad una proposición no de ley en la que pide que la Cámara manifieste su posición contraria a cualquier modificación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que atente contra los derechos fundamentales de las mujeres o imponga una restricción de los mismos.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, IULV-CA demanda también que el Parlamento apoye la ampliación de los derechos reconocidos en el texto vigente para que se reconozcan, como reivindican numerosas organizaciones de mujeres en el manifiesto de la Plataforma de mujeres ante el Congreso, la despenalización del aborto voluntario.
También solicitan que el Parlamento apoye la plena capacidad de las mujeres, incluyendo las jóvenes, para tomar decisiones sobre su maternidad y sobre sus vidas; o que las mujeres inmigrantes que se encuentren en situación administrativa irregular total prestación sanitaria también para acceder a la IVE.
La inclusión de los derechos sexuales y reproductivos en los estudios de medicina, enfermería y otros en el ámbito socio sanitario, en el desarrollo de acciones formativas con el fin de garantizar la preparación integral de los profesionales y las profesionales que las lleven a cabo es otra de las peticiones de apoyo.
IULV-CA reclama de igual modo el apoyo de la Cámara andaluza para un protocolo común para todo el Sistema Nacional de Salud, que asegure la prestación efectiva de la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública, con equidad territorial que asegure el acceso y proximidad similar en todos los territorios.
En la exposición de motivos, el grupo parlamentario expone que elderecho de las mujeres a decidir es parte fundamental de la lucha histórica del Movimiento feminista y recuerda que en 1985 se produjo una despenalización parcial, pero que tuvieron que pasar 25 años para una reforma de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo "algo más avanzada, pero aún con limitaciones inaceptables".
Según apunta IULV-CA, esas limitaciones y la tardanza en la aprobación de la nueva ley han propiciado que el PP pretenda ampararse en que no existe demanda social para modificarla y retrotraerse "a épocas de prohibición y misoginia". "El derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad es un derecho fundamental y, como tal, no puede ser objeto de intercambio con los estamentos religiosos y sociales más reaccionarios", concluye la formación.
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