Los Grupos Municipales Socialista y de Izquierda Unida quieren que se debata en el próximo Pleno el anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. También lo quiere el del Partido Popular, pero con una clara diferencia: los primeros se han posicionado en contra que quiere que desde Antequera se muestre el rechazo a esta normativa, mientras que los segundos llevarán a la Asamblea local un una moción en la que solicitará el apoyo del Consistorio a la reforma.
El portavoz del grupo en el Ayuntamiento, Ángel González, ha destacado que se trata de una reforma que garantiza los servicios públicos obligatorios a los ciudadanos y evita duplicidades y solapamientos de competencias desarrolladas por otras administraciones. “Se va a racionalizar la estructura organizativa bajo los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, además de garantizar un adecuado control financiero y presupuestario en materia local”, ha asegurado en un comunicado.
En su opinión, adaptarse a esta reforma, es garantizar unos servicios más transparentes, con una medición y evaluación de los mismos, al mismo tiempo que se prestarán de una forma más eficiente desde la Administración territorial con mejor cobertura y mayores recursos.
En la misma propuesta de la moción se incluye la solicitud a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), “del análisis y apoyo de esta propuesta de modernización y adaptación de la planta municipal española”.
González ha destacado que desde Antequera se debe reafirmar el apoyo al Gobierno de central ante esta y otras medidas “muy acertadas y necesarias” como el Plan de Pago a proveedores; la ampliación de 60 a 120 mensualidades del periodo de reintegro de los saldos que resultaron a cargo de entidades locales en las liquidaciones de la participación en los tributos del estado del 2008 y 2009; las medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la reducción del déficit público; o la dotación adicional el pasado febrero de más de 2.600 millones de euros para pagar a proveedores. “Todas ellas medidas sumamente positivas para el municipalismo”, ha concluido en la nota.
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