El presidente del Gobierno gana unos 75.000 euros, aproximadamente el doble de lo que cobra un licenciado y el triple de lo que cobra el ciudadano medio (Instituto Nacional de Estadística, 2012). Sin embargo, su salario supone siete veces menos de lo que ganan los miembros de los consejos de administración de las empresas del IBEX 35 (Comisión Nacional del Mercado de Valores, 2012). En comparación con otros mandatarios internacionales, el presidente del Gobierno español es uno de los que menos gana, tanto en términos nominales como en relación al salario medio de la población (Economist 2010), e incluso resultaría inferior al salario que reciben los altos funcionarios de la Unión Europea.
Tampoco salen mejor parados nuestros parlamentarios, quizás los peor pagados de los países de nuestro entorno (Economist 2012), ni los directores y gerentes de la administración pública, cuyo salario, al contrario de lo que sucede con el resto de empleados públicos, es inferior al salario recibido por sus homólogos del sector privado (INE 2012).
Unos salarios competitivos permiten atraer al ámbito público a individuos con buena formación y que disponen de un trabajo bien remunerado en el sector privado. Así lo señala la evidencia empírica disponible tanto en Brasil como en Italia, donde se observa que el nivel educativo y el desempeño de los políticos locales es mejor en aquellos municipios donde sus sueldos son más elevados (Ferraz y Finan 2009, Gagliarducci y Nannicini 2011).
Sin embargo, no es obvio que unos mejores salarios vayan a atraer a individuos más honrados o con una mayor vocación de servicio público. De hecho, en teoría podría incluso ocurrir lo contrario: unos salarios más elevados podrían atraer a candidatos más competentes profesionalmente pero con una menor vocación de servicio público. Este ha sido precisamente uno de los argumentos utilizados recientemente por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para defender su inocencia en un presunto caso de sobresueldos ilegales:
“No he venido a la política a ganar dinero. Vine perdiendo dinero, pero ocurre que para mí el dinero no es lo más importante en esta vida.”
Es decir, los salarios bajos permitirían “cribar” a aquellos individuos con una voluntad de servicio público suficientemente alta como para renunciar a una remuneración mucho más elevada en el sector privado. No es fácil contrastar si esta tesis es correcta. Por un lado, es difícil medir la integridad y la voluntad de servicio público de los individuos. Además, idealmente querríamos poder observar qué ocurre cuando se ofrecen distintos salarios a grupos de candidatos similares. De esta forma sería posible contrastar si el salario ofrecido influye sobre las características de los candidatos que deciden aspirar a un determinado puesto. Este es precisamente el experimento de campo que ha llevado a cabo el gobierno mexicano (Dal Bo, Finan y Rossi 2012).
El experimento afectó a 106 localidades. En algunas localidades, escogidas al azar, el Gobierno ofreció un salario de 5,000 pesos. En el resto, ofreció únicamente 3,750 pesos. Se realizaron una serie de entrevistas a los candidatos con el fin de medir su coeficiente intelectual, su personalidad y su integridad moral y su vocación de servicio público. Los resultados muestran que en las localidades donde se ofrece un salario mayor, los candidatos presentan una mayor calidad tanto en términos profesionales como en términos de personalidad. Además, no se observa que el mayor salario atraiga a candidatos con una menor motivación hacia el servicio público. En resumen, la calidad de los candidatos está positivamente relacionada con el salario ofrecido.
En una situación de profunda desafección hacia la política (Centro de Investigaciones Sociológicas, 2013), podría resultar tentador considerar una drástica reducción de los sueldos que reciben los altos cargos. Esta parece ser de hecho una de las medidas contempladas en la próxima Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Sin embargo, no debemos olvidar que este tipo de medidas no ayudará a que tengamos mejores servidores públicos, ni desde el punto de vista de su calidad profesional ni en términos de su integridad moral.
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