En la sentencia, que hizo pública ayer el Ejecutivo local, se declara a los condenados responsables contables directos de los perjuicios por casi 35 millones de euros ocasionados a los caudales públicos de la sociedad municipal Contratas 2000, de la que los tres eran miembros del consejo de administración.
El Tribunal de Cuentas condena a Muñoz, Guzmán y Perodia al pago de esta cantidad, así como de los intereses de la misma "desde el día en que se produjeron los daños", que ascienden a más de 15,7 millones de euros.
La sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, establece como hechos probados que en la gestión financiera de Contratas 2000 se aprecian diversas irregularidades recogidas en el Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Marbella de los ejercicios 2000 y 2001, que cuantificaba el alcance de las mismas en casi 40 millones de euros.
El Consistorio marbellí interpuso en junio de 2007 una demanda de responsabilidad contable contra los tres condenados por más de 47 millones de euros, pero el Tribunal de Cuentas ha estimado de forma parcial dicha demanda, cifrando en casi 35 millones de euros los perjuicios ocasionados a los fondos de la empresa municipal.
La sentencia considera probadas tres de las cuatro irregularidades denunciadas por el Ayuntamiento, entre las que se encuentran pagos injustificados a trece acreedores por valor de más de 11,6 millones de euros, así como a empresas vinculadas al arquitecto Carlos Monteverde por más de 23 millones de euros.
Sobre este último asunto, el Tribunal de Cuentas destaca que la documentación aportada por la Audiencia Nacional, donde se instruye el denominado "caso Monteverde" sobre el presunto desvío de 42 millones de euros de las arcas municipales de Marbella, concluye que el Ayuntamiento pagó al arquitecto por proyectos de obras que no se ejecutaron.
En este sentido, el informe de fiscalización señala que el Consistorio, a través de Contratas 2000, suscribió 25 contratos con empresas vinculadas a Monteverde entre 1996 y 1999 para la elaboración de 73 proyectos de obras cuyos pagos "se justificaban mediante meros recibos".
Según la sentencia, más de una treintena de estas iniciativas son en realidad "obras que ya estaban realizadas", los pliegos de condiciones resultan idénticos en catorce de los proyectos y "varios" de ellos "se corresponde con actuaciones que han realizado en localidades distintas a Marbella".
El Tribunal de Cuentas no comparte que los cargos en Eventos 2000 de Julián Muñoz como presidente y Esteban Guzmán y Modesto Perodia como vocales fueran meramente formales como alegaron los condenados, que defendieron que ocupaban dichos puestos sólo por razones institucionales y no participaban en la gestión de la empresa.
Según la sentencia, la conducta de los miembros del consejo de administración puede calificarse de "gravemente negligente" y dio lugar a que "se produjera un daño para los fondos públicos, al abonarse diversas cantidades para las que no consta existiera el necesario soporte documental" ni un acuerdo del Ayuntamiento o la propia sociedad municipal que "justificara la salida de fondos".
Juicio a De Urquía
Por otra parte, el ex titular del Juzgado de Instrucción 2 de Marbella Francisco Javier de Urquía y el empresario francés Arnaud F. A. declaran ayer en calidad de imputados en el TSJA por el caso Puente Romano, que investiga la supuesta extorsión al dueño de varios hoteles de Marbella a cambio de favores judiciales.
En el alto tribunal andaluz también prestó ayer declaración por esta misma causa, pero en calidad de testigo, el empresario Philip Junot, ex marido de la princesa Carolina de Mónaco, según informaron fuentes judiciales.
Se trata de una causa desglosada del ‘caso Hidalgo’ contra el blanqueo de capitales procedentes de distintas actividades delictivas en la Costa del Sol, que se destapó con una operación en la que se practicaron 23 detenciones, entre ellas la de varios letrados y notarios de Marbella, y en la que se intervinieron 92 millones de euros depositados en 632 cuentas bancarias.
El caso en el que se enmarcan las tres declaraciones de ayer se deriva de la instrucción abierta por delitos de cohecho y prevaricación ante la presunta extorsión al dueño del hotel Puente Romano de Marbella a cambio de favores judiciales.
De Urquía ya fue condenado el pasado agosto a dos años de cárcel y a 17 de inhabilitación como autor de un delito de cohecho por pedir y aceptar para la compra de su vivienda 73.800 euros del ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca.
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