La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha pedido este jueves a la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, María Jesus Montero, que justifique los 24 millones de euros que la Junta recibió del Imserso entre 2007 y 2011 para financiar a 4.194 dependientes que, según ha dictaminado el Tribunal de Cuentas, "no pudieron percibir las ayudas porque habían fallecido".
En un comunicado, Crespo recuerda que el Tribunal de Cuentas sostiene, en su último Informe de Fiscalización y gestión Económica y Financiera de la Ley de Dependencia, que se encuentra actualmente en periodo de alegaciones, que la Junta recibió a lo largo de esos cinco años transferencias por importe de 24.199.176 millones para financiar la dependencia de 4.194 personas que, según se ha comprobado, habían fallecido.
"La Junta deberá justificar debidamente qué uso se ha hecho de esos fondos y si los ha devuelto o los va a devolver al Imserso, como establece el Tribunal de Cuentas" ha declarado Crespo, quien ha indicado que la Junta deberá explicar "en qué fallan los mecanismos de control de los beneficiarios de las ayudas públicas por parte de la Junta de Andalucía, ya que no es la primera vez que ocurre que no se justifican debidamente los fondos públicos transferidos por el Estado a la administración autonómica".
Crespo ha destacado la importancia que el Gobierno de Rajoy concede a la protección de los más desfavorecidos y ha recordado que, a 30 de noviembre de 2012, el Imserso había transferido a la Junta de Andalucía un total de 345 millones para financiar la Ley de Dependencia, de acuerdo con el nivel mínimo establecido por la propia ley.
La delegada del Gobierno responde así a las declaraciones de la consejera de Salud, María Jesús Montero, quien este miércoles reprochaba al Gobierno central que Andalucía dejó de recibir en 2012 por la Ley de Dependencia 89 millones de euros, recorte que se verá incrementado hasta los 125 millones de euros en 2013, "como consecuencia de la supresión del nivel acordado y de la reducción del nivel mínimo, lo que hace que en dos años la comunidad andaluza deje de recibir 214 millones de euros", según asegura Montero.
A este respecto, Crespo ha pedido que "cese la confrontación" y ha lamentado "el continuo victimismo de que hace gala el Gobierno bipartito para intentar justificar sus problemas de gestión, intentando culpar de ellos al Gobierno de España".
También ha recordado que "el actual reparto del gasto de la ley de dependencia --30 por ciento el Estado y 70 por ciento cada comunidad autónoma-- se decidió con el anterior Gobierno, por lo que no nos puede culpar también por eso".
ANDALUCÍA RECIBE "LO QUE LE CORRESPONDE POR LEY"
"Andalucía recibe toda la financiación para dependencia que le corresponde por ley y si el importe no aumenta es, como ha puesto de manifiesto el Defensor del Pueblo andaluz, porque la Junta no da entrada a nuevos usuarios en el sistema", ha aclarado Crespo.
Finalmente, ha insistido en que el Gobierno no va a dejar sola a Andalucía a la hora de resolver sus problemas de financiación y ha pedido al Gobierno andaluz que "ponga en marcha las reformas que Andalucía necesita para mejorar su administración, racionalizar el gasto público y hacer sostenibles los servicios esenciales".
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