La Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de Almería ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil contra una usuaria del Centro de Salud de Pechina acusada de haber propinado varios golpes a una administrativo tras haber mantenido una fuerte discusión sobre la administración de citas médicas, según ha explicado a Europa Press fuentes del sindicato UGT.
En una nota, el Distrito Sanitario Almería ha lamentado lo ocurrido y ha manifiestado su "absoluta repulsa" a este tipo de conductas que "carecen de cualquier justificación", a la vez que ha indicado que los servicios jurídicos del Servicio Andaluz de Salud solicitarán que la agresión sea considerada como un delito de atentado, lo que implicaría la condena a prisión del agresor.
La agresión se produjo este miércoles, de forma que la funcionaria tuvo que ser atendida por las lesiones sufridas. Asimismo, posteriomente ha tenido que acudir al oftalmólogo ante las molestias presentadas en un ojo. Según Salud, desde el momento en que se produjeron los hechos, el Distrito Sanitario Almería ha puesto a disposición de su trabajadora todo el apoyo necesario, incluyendo la defensa y asesoría jurídica.
En este sentido, la Junta sigue el Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los profesionales del sistema sanitario público andaluz, tal y como ha requerido el sindicato UGT, desde el que se ha reclamado que se proporcionen a los centros sanitarios los recursos necesarios "para evitar que se produzcan más incidentes de este tipo". Asimismo, ha exigido al SAS "que cumpla con su compromiso y se presente como acusación particular en todos los casos de agresiones a profesionales".
La FSP UGT Almería ha criticado que los centros de salud y los consultorios de la provincia "están en un estado lamentable y muchos de ellos no cumplen las medidas de seguridad establecidas para evitar agresiones hacia los profesionales". Igualmente, achacan un aumento de las cargas de trabajo "al no sustituir a los profesionales o hacerlo con contratos al 75 por ciento que producen un deterioro de la calidad asistencial, y un aumento de las situaciones de tensión en los centros".
Tanto el sindicato como la Consejería de Salud y Bienestar Social han "condenado" la agresión, y desde la Administración andaluza se ha recordado que "la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión".
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