Huelga indefinida en el servicio de basuras, movilizaciones en cuarentena en Mercasevilla, plante de los inspectores de Medio Ambiente y ruptura “formal” de los bomberos con el Ayuntamiento. Son sólo los ejemplos más cercanos en el tiempo de los conflictos laborales que le están surgiendo al equipo de gobierno de Juan Ignacio Zoido, derivados en la mayoría de los casos del plan de ajuste pero también de una capacidad de negociación más que cuestionable y con denuncias de “agravio comparativo” por algunos colectivos.
Sobre Sevilla se cierne el peligro de que ofrezca un espectáculo tan lamentable como el que se está viviendo en Granada, espejo de lo que ya sucedió en Jerez de la Frontera, con quema de contenedores y basuras en medio de la huelga de sus trabajadores.
En el caso de Lipasam, la actitud “demonizadora”, como la ha llamado la oposición, de la dirección y del propio equipo de gobierno no ha hecho sido alejar aún más cualquier posibilidad de acuerdo con los trabajadores.
La plantilla acude a la huelga por unanimidad el 28 de enero al estar en desacuerdo con la fórmula para reducir un 5% su salario y aplicar las 37,5 horas semanales. Mientras la dirección pretende que la reducción del salario afecte a todos los conceptos y la ampliación de jornada incluya los días contemplados como descansos, la plantilla pide aplicar la bajada de sueldo al presupuesto total -como en 2012- y excluir de la nueva jornada esos días de descanso, al poner en peligro los 700 contratos eventuales que se realizan para cubrirlos.
Cuentas que no cuadran
Aunque ambas partes insisten en que las negociaciones están abiertas, la única respuesta del equipo de gobierno ha sido insistir en que el recorte debe hacerse y que todos se tienen que apretar el cinturón, eso sí, incidiendo en que los peones y conductores de Lipasam cobran 30.000 euros al año, cuentas que no le salen ni al comité de empresa ni a la oposición. Con los 721 euros mensuales más los pluses, no llegarían a cobrar esos 30.000 euros, que sí cobraría el gerente de Lipasam (100.000 euros al mes).
Los trabajadores añaden otra incógnita más a la polémica: si las tasas de basura suben un 11% y baja el presupuesto de Lipasam en 4,6 millones de euros, ¿cómo puede ofrecerse un servicio de calidad? Además, la oposición recuerda que el plan de viabilidad de Lipasam le ha hecho entrar en beneficios, aunque el Ayuntamiento insiste: tienen que ser solidarios porque “cualquier” quería tener las condiciones (365 días al año y 24 horas al día) de Lipasam.
Otro frente abierto y desde hace muchos meses está en Mercasevilla, cuya plantilla rechaza la liberalización de los servicios de la lonja de pescado, que afectaría a un centenar de sus 198 trabajadores.
Huelga en espera
Hasta el jueves no se reunirán con el delegado de Empleo y Economía, Gregorio Serrano, tras decidir paralizar las huelgas parciales en enero, mientras hoy comienza el plazo de alegaciones a la liberalización del servicio, que CCOO considera una cuestión “política” y derivada de los compromisos del PP con los mayoristas de pescado.
Pero si algo ha sorprendido es el plante de los inspectores de Medio Ambiente este mismo fin de semana, al comunicarle el Consistorio que no se abonarían las horas extra (bares y discotecas) que realizan fuera de su horario de oficina. Aunque el Consistorio rechaza que no se abonen esos conceptos, el problema sigue estando en que siguen en plena negociación y aún no se ha cerrado el calendario de los inspectores.
Bomberos
Y el conflicto quizás más enconado es el que mantienen los bomberos, uno de los pocos colectivos que sigue denunciando las deficiencias de los protocolos de seguridad del Ayuntamiento, aunque su pesar más doloroso está en lo que ellos llaman “agravio comparativo” con “otros colectivos favoritos del alcalde”. No es nueva esta denuncia y se agudizó tras la aprobación del plus de productividad a la Policía Local.
Ahora, el Sindicato Profesional de Bomberos (SPB) ha dado por “rotas formalmente” las relaciones con el equipo de gobierno por el “cúmulo de desdenes y agravios comparativos”, más aún tras el “gesto de desprecio” del delegado de Seguridad y Movilidad, Demetrio Cabello, al negarle el saludo al secretario general de este sindicato, Juan Antonio Ballesta.
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