Cerca de 5.000 vecinos llevan casi un año esperando la aprobación de la Ordenanza de Regularización de las ARG y ARGT. En la situación actual de crisis económica e incertidumbre, los vecinos desconocen, a día de hoy, cuánto les costará legalizar y regularizar la situación de sus viviendas. “Los ánimos de los vecinos están muy mal, porque se ha dicho que se va a aprobar, pero no hay ningún avance”, ha indicado el presidente de Coave, José Antonio Castro.
Y es que, según se ha trasladado a estos vecinos, la concejalía de Urbanismo iba a esperar la aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), para aprobar esta ordenanza.
Para abordar esta problemática, habría que remontarse a abril de 2012, cuando en una reunión mantenida en la bodega San José entre Urbanismo y las distintas asociaciones que conforman las Emas, se les realizó un planteamiento de lo que dicha concejalía pretendía llevar a pleno. “A partir de ese esbozo, cada colectivo podría hacer las aportaciones pertinentes y tantas fueron que decidieron encargarle a un técnico municipal que las redactase para que no cayeran en saco roto”, ha manifestado Castro.
No obstante, y aunque durante estos meses se han realizado sugerencias y mantenido distintas reuniones entre los colectivos implicados, ocho meses después se desconoce cuál es el contenido exacto y específico de la ordenanza. “No sabemos cuál es el texto de esta ordenanza que se llevará al plenario y lo que esperamos es que se dé respuesta a la cantidad de situaciones y problemas que se plantean en el proceso de regularización y legalización de las viviendas”, ha establecido José Antonio Castro.
A esta, le seguiría todo el proceso largo y complejo de regularización de estas viviendas. “Hay que hacer una Junta de compensación y un proyecto de reparcelación, mediante el cual las parcelas se conviertan en solares, y a partir de ahí se pueda edificar”, ha explicado el presidente de Coave.
Así, y una vez aprobada la ordenanza, cada una de las Emas tendrá que contratar a una empresa que le diseñe este proyecto, que supondrá un desembolso económico importante para cada uno de los vecinos. “Nosotros hemos hecho un estudio de los costes que vienen en el Plan General y las infraestructuras más importantes nos saldría sobre unos 65 euros, aproximadamente el metro cuadrado, con todo: las conexiones a los sistemas generales, las cesiones que habría que hacerle al Ayuntamiento, así como la regularización y legalización”. Sin embargo, hay muchos interrogantes. “Hay una partida en el PGOU que no queda clara quien la va a pagar, que es la nueva depuradora, que no sabemos si se va ha hacer una nueva depuradora o ampliar la que ya existe, y las líneas de alta tensión”, ha puntualizado Castro.
Desde Coave han informado de que actualmente hay unas cuatro empresas que han presentado sus currículos o, incluso, estos proyectos de reparcelación para la legalización de las viviendas. Sin embargo, desde Coave alertan de esta situación. ““Aquí hay que prevenir a las Emas de que hasta que no se apruebe la ordenanza, ningún presupuesto que presenten las empresas puede estar cerrado, puesto que no se sabe qué establecerá la ordenanza, y todo lo que digan que es un precio exacto, están mintiendo a los vecinos”, ha afirmado.
Asimismo, y una vez aprobada la ordenanza, se prevé la creación de una mesa de trabajo en la que se plantearán todos los problemas que puedan ir surgiendo.
Mientras tanto, los vecinos esperan la aprobación del PGOU que, según han anunciado desde Coave, puede llevarse a pleno a finales de este mes o inicios de febrero.
Empresas de nueva creación para agilizar trámites
No solo Coave sino otras asociaciones consultadas por este medio han confirmado que varias son las empresas que han presentado sus credenciales para agilizar los trámites de lo que será la regularización de sus viviendas, algo que llevan esperando durante mucho tiempo y de lo cual aún no tienen un coste exacto en tanto la ordenanza no sea pública. Por esta razón extraña y mucho que existan presupuestos sobre costes aproximados por parte de algunas empresas de reciente creación, que durante los últimos meses están haciendo llegar sus credenciales e incluso ofertas económicas para tramitar tanto el proyecto de reparcelación como los estudios de coordinación de seguridad y salud o la asesoría jurídica. E incluso el precio del costo por metro cuadrado de parcela definitiva. Coave quiere advertir a los afectados de una situación que les podría resultar perjudicial mientras no exista conocimiento público tanto de la ordenanza como de todo el procedimiento posterior a seguir para la legalización.
de sus viviendas.
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