Uno de los acusados de secuestrar y asesinar al empresario Fernando Moreno Espada en enero de 2009 ha reconocido hoy al tribunal que lo juzga que le ofrecieron participar en el secuestro "exprés" de su jefe en Málaga y que se habló de pedir a los familiares entre un millón y un millón y medio de euros.
Este acusado ha asegurado que su labor sólo fue de informador y que por ello tenía que comunicar los movimientos de su jefe, así como quién lo visitaba, y que además fue la persona que consiguió la furgoneta para el secuestro.Ha reconocido que participó en el secuestro como informador y que le iban a pagar 100.000 euros por su labor y que pidió personalmente que no le hicieran daño "por una cuestión de aprecio".
El juicio ha comenzado hoy en la Audiencia Provincial de Málaga y en el banquillo de los acusados se sientan seis personas acusadas de secuestrar y asesinar al empresario, cinco de ellas en prisión preventiva.
Este procesado ha asegurado que no conocer a ningún jefe en el grupo y ha añadido que no se planificó nada y que por eso pasó lo que pasó y que se enteró de la muerte del empresario por la tele. También ha relatado que el secuestro se retrasó bastante porque no encontraban gente para hacerlo y que en un determinado momento le dijeron que ya había unos secuestradores expertos.
El empresario Fernando Moreno, un constructor de 76 años, fue secuestrado el 21 de enero de 2009 cuando daba su habitual paseo matutino alrededor de su trabajo, y fue introducido a la fuerza en una furgoneta blanca.Más tarde, los secuestradores telefonearon a la familia y le exigieron dos millones de euros por su liberación, cantidad que redujeron en sucesivas llamadas.
La familia del secuestrado presentó una denuncia en la Comisaría de Marbella y, ese mismo día, el interlocutor de los secuestradores hizo una nueva llamada en la que señaló "de forma difusa" el lugar donde se encontraba la víctima.
El dispositivo de búsqueda establecido permitió, al día siguiente, el hallazgo del cadáver del empresario en una edificación utilizada para canalizar el agua en las inmediaciones de la carretera MA-427.
La autopsia practicada al cadáver determinó que la causa de la muerte del empresario pudo ser la asfixia por sofocación.
La fiscalía malagueña pide en su escrito provisional que los procesados sean condenados por delitos de secuestro y asesinato y solicita penas que alcanzan los treinta años de prisión para cada uno de ellos. Entre los procesados figuran los supuestos organizadores del secuestro, el interlocutor con la familia y las personas que vigilaron e inmovilizaron a la víctima
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