A escasos doce días de que se cierre el plazo para la presentación de ofertas por la gestión del ciclo integral del agua en Jerez, resulta inevitable seguir pendiente del protagonismo adquirido en Cataluña por una de las dos empresas que habría manifestado su interés por presentarse al concurso municipal: Acciona. Las aguas, de hecho, bajan turbias desde la Ciudad Condal, y desde hace algunas semanas. Si hace quince días nos hacíamos eco de la denuncia presentada por presuntas irregularidades contra el proceso de adjudicación al grupo de inversores liderado por José Manuel Entrecanales, el año nuevo ha arrancado con sorpresa para los adjudicatarios, a los que se ha revocado la concesión después de que hayan abonado el primer pago del canon, casi 300 millones de euros, a causa de un recurso del propio Departamento de Presidencia de la Generalitat que da la razón a otra de las empresas a concurso, Agbar, frente a Acciona.
Tal vez, visto desde la distancia, pudiera parecer que el caso apenas tiene repercusión para con el proceso de Jerez, pero si se miran los números, los inversores extranjeros atraídos para el proyecto y las repercusiones económicas, no resulta descabellado que una cuestión de estas características termine influyendo sobre el concurso de Jerez, teniendo en cuenta que las ofertas han de presentarse el próximo día 14 como muy tarde y que la búsqueda de socios extranjeros para afrontar el canon solicitado en Jerez tampoco sea algo remoto. De hecho, basta con analizar lo sucedido estos días en Cataluña, así como las reacciones registradas, para entender que la privatización temporal de un servicio como el del agua se vea sometido a la influencia de elementos externos, como es el caso.
adjudicación revocada
El pasado 27 de diciembre, el consorcio ganador de la adjudicación del servicio del agua en Barcelona, liderado por Acciona Agua (39 %) y por el banco brasileño BTG Pactual (39 %), desembolsó los 298,6 millones de euros que suponían el primer pago del canon concesional. Sin embargo, el día 2 de enero, seis días después de haber ingresado el dinero, la Generalitat anunciaba que revocaba la citada adjudicación a causa de una resolución emitida por el Organismo Administrativo de Recursos Contractuales, dependiente del área de Presidencia, en la que dictaba que “la única oferta válida era la que lideraba Agbar”, según publicaba elconfidencial.com.
El asunto se ha enredado hasta el extremo de que Acciona reclama ahora la devolución de su dinero, así como daños y perjuicios, al tiempo que la propia Generalitat ha recurrido por la vía contencioso-administrativa contra la decisión de su Órgano Administrativo, de manera que el portavoz del ejecutivo, Francesc Homs, ha subrayado que el gobierno catalán deja en manos de la justicia la resolución de esta polémica privatización, ya que “que como las decisiones de ese organismo son ejecutivas, la Generalitat no puede ahora desautorizarlo y se ve obligada a acudir a los tribunales”.
“Desde Territorio y Sostenibilidad y desde Economía las cosas se hicieron bien”, ha afirmado Homs en alusión a la adjudicación a Acciona, que llevó personalmente el exconsejero Lluís Recoder, y ha añadido que el ejecutivo siempre se ha guiado en este proceso por “criterios técnicos”. Así pues, la gestión de ATLL, adjudicada en un principio a la compañía Acciona, que sigue defendiendo la validez del contrato, queda ahora en entredicho, puesto que la última palabra la tendrá la justicia.
A esta situación se ha llegado, después de que el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalitat de Cataluña, un ente adscrito al Departamento de Presidencia de la Generalitat, estimara parcialmente un recurso planteado por Aguas de Barcelona (Agbar), a pesar de que el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, entonces con Lluís Recoder como consejero, resolvió la privatización en favor de Acciona. Agbar, liderada por Ángel Simón, consideraba que la oferta de su competidora debería haber excluido a Acciona del concurso, porque al dilatar la ejecución de las obras pudo presentar una oferta más barata.
En este punto, el órgano administrativo de recursos contractuales de Cataluña da la razón a Agbar al argumentar que “si los otros licitadores hubiesen sabido que podrían programar la ejecución de las obras más allá del calendario establecido en el pliego de condiciones, ello hubiera comportado la posibilidad de modificar las ofertas, no solo técnicas sino económicas”.
La forma en que la Generalitat ha llevado esta privatización ha generado un profundo malestar en ambas compañías, según fuentes del sector, que concluyen que el conflicto se acabará dirimiendo en los tribunales.
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