Así lo aseguró el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, tras presentar los dos escritos de impugnación en el registro del Alto Tribunal a las 10.00 horas.
En los recursos, que incluyen los informes elaborados por la Policía y la Guardia Civil y las actuaciones del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, se acredita, según De Fuentes, que las dos formaciones “responden a una estrategia de conformación de listas para que Batasuna esté presente en el Parlamento vasco”.
“Hay contaminación de las personas y del objeto y en el diseño y conformación de las listas intervinieron los partidos ilegalizados”, añadió.
Según el Gobierno, sólo doce de los 84 miembros de las candidaturas de Askatasuna no han tenido relación con ETA o con alguna de las formaciones ilegalizadas anteriormente y el orden con el que se han confeccionados las listas refleja la “paranoia” y la “desconfianza” de la banda terrorista, ya que se colocó en los primeros lugares a quienes tienen más vinculaciones.
La Abogacía del Estado dice también que Askatasuna se fundó en 1998 –coincidiendo con el cambio de denominación de Herri Batasuna (HB), que pasó a llamarse Euskal Herritarrok (EH)– ante el “temor” de que ésta fuera ilegalizada y añade que sus estatutos son “una fotocopia” de los de EH.
Destaca asimismo que Askatasuna nunca “ha hecho el menor movimiento o gesto de desmarque respecto de ETA” y que, de hecho, se caracterizó por ausencia total de actividad, incluso ahora que pretende concurrir a las elecciones.
“Estamos antes un estruendoso silencio que evidencia con nitidez la estrategia tendente a ocultar los verdaderos propósitos del partido, tratando de encubrir su verdadera faz y evitar que con los mensajes propios del complejo ETA-Batasuna se frustre la proclamación de sus candidaturas”, señala el escrito.
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