Ambos sindicatos alcanzaron un principio de acuerdo con el Gobierno para garantizar que la ley, "pionera en nuestro país si llegase a ser aprobada", según Carbonero, regule el derecho "exigible" de los andaluces a conseguir una vivienda.
Pastrana pidió a los grupos parlamentarios y, en especial, al grupo socialista "que respeten íntegramente los acuerdos alcanzados en el anteproyecto".
En la nueva ley se han incorporado cuestiones como la calidad de la vivienda, la importancia del registro de los municipios "para saber cuánto y dónde hay que construir viviendas", la participación de los agentes sociales y económicos en los planes municipales y andaluces de la vivienda, el reconocimiento al derecho en la ley, y el derecho a poder ser reclamado ante las administraciones y ante la justicia si fuese oportuno, precisó el secretario regional de CCOO.
Además, también establecerá, entre otras novedades, un precio máximo para las personas que quieran adquirir una vivienda de protección oficial no superior a un tercio de los ingresos y un cuarto de los mismos para el alquiler, un registro público de solicitantes en cada municipio para la construcción de las viviendas demandadas o el establecimiento de programas de rehabilitación de viviendas ya existentes, ha destacado Pastrana.
"El desarrollo del Pacto de la Vivienda es una cuestión fundamental e imprescindible para avanzar en igualdad en Andalucía", aseguró Carbonero, "cuyos objetivos son el desarrollo del plan Concertado y la consecución de una ley que consiga el reconocimiento del derecho que expresa la Constitución y el Estatuto de Andalucía".
Aunque el Plan Concertado ha sido cumplido a medias, aseguran desde CCOO, "el satisfactorio resultado" de 14.200 viviendas calificadas para 2008 se ha visto empañado por los problemas de suelo y financiación que llevan a la no ejecución de las mismas, "lo que impide una gran generación de empleo".
Ante tal situación, Carbonero manifestó que "lo que hay que hacer es agilizar los trámites que dinamicen las financiaciones, pedir responsabilidad a la banca y a las cajas de ahorro para que se comprometan a ejecutar esas viviendas, y conseguir que los empresarios inviertan en viviendas de protección oficial".
Pastrana recalcó que, ante los problemas de obtención de financiación existentes de promotores y constructores, son las administraciones públicas las que "deben de dar un paso al frente con los municipios para que se faciliten esos créditos y se puedan iniciar la construcción de las 14.200 viviendas", aunque "las entidades financieras que en su día suscribieron sus compromisos económicos deben cumplir también con lo acordado después de excelentes resultados obtenidos en los últimos balances".
Por otro lado, el secretario general de UGT en Andalucía explicó la importancia de estas construcciones, "puesto que si cada vivienda requiere de cinco trabajadores multiplicados por las más de 14.000 viviendas que hay que ejecutar, estaríamos hablando de un gran revulsivo para el empleo andaluz".
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