El nuevo decreto ley de medidas urgentes para la protección del litoral andaluz aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía este pasado martes dejará en suspenso la construcción de más de 16.000 viviendas, entre ellas las previstas en el proyecto urbanístico de la Casa Real Saudí. Pero no es el único proyecto de envergadura que podría verse afectado en el municipio, ya que según apuntan desde el Consistorio también podría afectar a la puesta en marcha del centro comercial proyectado en la zona norte de Estepona.
Se quedaría en 'stand by' el proyecto impulsado por la mercantil Asturion Fondation, vinculada a la Casa Real Saudí, que proyecto un complejo residencial de 1.477 viviendas de lujo, sobre un terreno de 590.652 metros cuadrados. Estepona aprobó el pasado mes de julio de forma provisional el plan de sectorización, que incluye una serie de modificaciones derivadas de los requerimientos hechos por los distintos informes sectoriales emitidos por las administraciones competentes. Gracias a esta aprobación, Estepona recibió 2 millones de euros, que fueron a parar a los fondos del Patrimonio Municipal del Suelo y que serán utilizados para los fines que preveé la Ley. El municipio ya recibió con anterioridad otros cuatro millones de euros, quedando aún pendientes de cobro otros 2 millones, del total previsto en el convenio.
Un decreto que ha dado mucho que hablar en los últimos días. Precisamente este lunes el consejero andaluz de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, ha adelantado que el decreto-ley no se aplicará con carácter retroactivo "en ningún supuesto" y ha confiado en que haya "consenso" de "todas las fuerzas políticas" en torno a esta iniciativa. Sin embargo, estas novedades no afectan a Estepona, ya que según indica la edil del área, se supedita a que el proyecto cuente ya con la pertinente licencia, es decir, esté ya en marcha, cuando en el caso del municipio, el proyecto de la Casa Real Saudí espera la aprobación definitiva de su plan de sectorización.
Las posibles consecuencias
Según calcula el Consistorio, este decreto dejaría en suspenso la construcción de más de 16.000 viviendas, a la espera de que el Ayuntamiento “adapte ahora su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)”, algo que podría alargarse "hasta el infinito", según apuntan desde el Consistorio, donde critican que se utilice la revisión de planeamientos como "arma política contra los municipios gobernados por el PP". La edil del área, la popular Susana Arahuetes ha criticado esta “decisión unilateral” tomada por el Gobierno andaluz supone “un nuevo menoscabo a la autonomía municipal dentro del sistemático ninguneo que hace la Junta de Andalucía a los ayuntamientos”.
La responsable municipal advierte que la decisión de la Junta de Andalucía será “un varapalo económico para la ciudad, ya que se frenan planes que generarían empleo y riqueza y que aparecen recogidos en el PGOU aprobado en 1994 por la propia administración autonómica". En su opinión, “este parón de la actividad urbanística repercutirá en más desempleo y en la pérdida de confianza de los inversores que huirán hacia territorios menos problemáticos”.
El Consistorio apuesta por compatibilizar la conservación de los espacios protegidos con el desarrollo de proyectos residenciales que impulsen una de nuestras principales industrias, el turismo. Recuerdan que el planeamiento urbanístico vigente “fue desarrollado e informado sobre leyes sectoriales que protegen esas cuestiones”. Los populares de la provincia anunciaron este pasado fin de semana en Nerja que presesentarán mociones contra la norma en todos los municipios afectados. Están estudiando, incluso, presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.
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