El presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado que la formación presentará en ayuntamientos y diputaciones mociones para rechazar el decreto-ley para la protección de los espacios no urbanizados del litoral, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía; además de que la formación votará en contra en el Parlamento andaluz y exigirá la tramitación como proyecto de ley. Pero también ha dicho que "estamos dispuestos a defender la autonomía municipal, si es necesario llevando el conflicto ante el Tribunal Constitucional, con el acuerdo de más de 112 municipios".
Zoido, que ha participado este sábado en Nerja (Málaga) en un encuentro con representantes de localidades afectadas por el plan litoral, ha considerado que este decreto-ley "ataca a la autonomía de los municipios", pero, sobre todo, "golpea de manera muy directa lo que es la marca de Andalucía" y en su opinión "agrede al turismo y, lo que es más importante, al empleo también", apuntando que significaría paralizar "proyectos que supondrían la creación de 45.000 puestos de trabajo". Además, ha dicho que "asesta un durísimo golpe a la industria turística".
"Este decreto-ley ahuyenta al turismo y la creación de riquezas y de empleo", ha afirmado el dirigente 'popular', quien ha criticado que el Gobierno bipartito de la Junta -PSOE e IU-- "está actuando para confrontar y no para solucionar problemas y en lugar de resolverlos, sin duda alguna los están creando". "Esta normativa no da ni una sola solución, pero desde luego crea muchísimos problemas", ha apostillado, añadiendo, además, que no se pidió informe a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
En este sentido, ha apuntado que el decreto-ley "va a paralizar al mínimo durante dos años los proyectos, creando una inseguridad jurídica tremenda hacia los inversores que ya habían venido, pero sobre todo, y lo que es más grave, a aquellos que estaban pensando que iban a venir y que de esta manera los vamos a ahuyentar", por lo que ha dicho que desde el PP-A "vamos a poner todos los medios legales a nuestro alcance para proteger el litoral, el turismo y la marca Andalucía y que no se pierda ni una sola oportunidad de crear puestos de trabajo".
Según Zoido, es "necesario" que se proteja el litoral, "pero también que generemos las condiciones para atraer al turismo y puestos de trabajo". Ha afirmado que esto es "consecuencia del fracaso de la gestión de las políticas de ordenación del territorio que tiene la Junta" y reflejo de "la ineficacia y la incapacidad" de un Gobierno andaluz, que, ha dicho, "durante años lo vienen haciendo de una forma desastrosa y no han sido capaces de realizar las tareas de inspección, control y planeamiento propias" ni desde el Ejecutivo ni desde las comisiones provinciales de urbanismo.
Al respecto, el presidente del PP-A ha recordado que se han ido aprobando planes "que han contradicho uno a otro, provocando esa inseguridad jurídica que no existe en otras comunidades autónomas ni en otros estados en la Unión Europea". Ha insistido en que esta situación que ha generado la Junta de Andalucía "está ahuyentando a los inversores con el daño tan importante que se le hace a la marca de Andalucía, de nuestro turismo e incluso a la marca España".
"NINGUNEA A LOS AYUNTAMIENTOS"
También ha dicho que este decreto "amordaza y ningunea a los ayuntamientos", considerando que "lo que quieren es hacer oposición a los municipios del PP". "El gobierno de José Antonio Griñán no hace nada más que improvisar una serie de medidas exentas de consenso y también de diálogo, con unos afectados, los andaluces que viven en la zona del litoral", ha indicado el presidente del PP-A, quien ha explicado que se exigirá que el decreto se tramite como proyecto de ley para poder hacer alegaciones "para la mejora del texto de este decretazo que acaba de imponer la Junta".
Ha dicho que el PP-A quiere "políticas que se aborden desde el diálogo y el entendimiento" y ha lamentado que la Junta "no tiene el menor reparo de llegar a legislar contra sí misma con tal de hacer oposición al crecimiento de la industria turística, incluso atacando a los alcaldes del PP, todo ello como un peaje que hace a la entrada del Gobierno autonómico de un partido como IU".
Así, ha tendido la mano para que el Gobierno andaluz "en colaboración con los ayuntamientos y diputaciones de Andalucía sea capaz de elaborar normas que impliquen seguridad jurídica, pero al mismo tiempo, crecimiento, empleo y desarrollo para nuestra Comunidad Autónoma", aunque ha advertido de que "no queremos consentir que medidas y atropellos de esta forma se puedan consagrar en nuestra Comunidad Autónoma".
Por su parte, el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha indicado que este decreto-ley es "un nuevo atropello de la Junta de Andalucía contra el desarrollo económico y turístico de la Costa del Sol", apuntando que en la provincia malagueña, en los 11 municipios que afecta, "paraliza los proyectos por más de 10.000 viviendas". "Preferimos el abandono y el desprecio al que ya nos tenían acostumbrados hasta ahora a la intromisión y paralización de este decreto", ha dicho.
Ha criticado que el Gobierno andaluz "construye muros contra el desarrollo económico de la Costa del Sol", aunque ha recordado que "nuestro futuro no tiene puertas y queremos ser dueños de este futuro". En este sentido, ha insistido en que esta normativa es "un atentado contra la independencia y la autonomía de los municipios", confiando en que den marcha atrás en este "decretazo" que en su opinión supone "dos años de paralización en proyectos perfectamente legales".
"El socialismo, y en este caso IU también, no se han enterado todavía de que el turismo es la locomotora económica de Andalucía", ha dicho Bendodo, quien ha insistido en que este decreto-ley es "un atentado, un misil en la línea de floración de la principal economía andaluza". Así, ha apostado por un mayor desarrollo de "nuestro turismo de calidad", mediante, por ejemplo, el desarrollo de puertos deportivos.
Por su parte, el alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, ha considerado que esta regulación es "totalmente innecesaria" y ha dicho que "si la política urbanística de IU y PSOE es proteger aún más lo que hasta ahora han protegido, lo podían haber hecho con una herramienta ya aprobada", como son planes subregionales, que, en su opinión, "no han servido para nada". Además, ha incidido en el daño "tan grave que con decisiones improvisadas desde el punto de vista urbanístico se puede ocasionar".
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