La futura ley autonómica que prepara la Junta de Protección de Consumidores de Productos Hipotecarios en Andalucía pretende proteger a las personas que tienen créditos hipotecarios y se encuentran con problemas para hacer frente al pago de los mismos, así como también a las personas que avalen las operaciones de préstamos o créditos.
Según ha explicado en un comunicado la secretaria general de Consumo, Dolores Muñoz, con esta normativa, anunciada por el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, se busca garantizar y reforzar la transparencia en la información que faciliten las entidades bancarias sobre la concesión de préstamos hipotecarios.
Todo ello, mejorando la protección de las personas consumidoras a la hora de suscribir un contrato de este tipo destinado a la adquisición o rehabilitación de inmuebles, una garantía que también se extenderá a las personas que avalen las operaciones de préstamos o créditos y a las 'personas hipotecantes'.
Muñoz ha asegurado que la iniciativa tiene como prioridad "la protección de los más débiles, en especial familias con hijos o sin ingresos, personas mayores y otros colectivos vulnerables" en sintonía con la demanda de la sociedad en general.
Asimismo, ha recordado que esta actuación se adapta y además se ve reforzada con el pronunciamiento esta semana el Tribunal de Justicia de la UE (TUE). En este sentido, el alto tribunal europeo ha dictaminado que la ley española sobre los desahucios viola la Directiva 93/13 de la Unión Europea, ya que permite la introducción de cláusulas abusivas en los contratos de préstamos hipotecarios que establecen los bancos y que, en caso de incumplimiento, acaban en la ejecución forzosa del desalojo.
El borrador del nuevo texto legislativo contempla la transparencia en los contratos y precios, así como las comunicaciones y publicidad comercial destinada a la ciudadanía y la introducción del arbitraje y la mediación para solucionar los posibles conflictos con las entidades financieras.
Para la secretaria general de Consumo, con esta iniciativa legislativa, que complementa a la actual Ley de Consumo autonómica, la Junta "da un paso más" en la defensa de los derechos e intereses económicos y sociales de las personas consumidoras y usuarias en relación con la suscripción de créditos o préstamos garantizados mediante hipoteca sobre la vivienda.
Además, tras el estudio de las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de Justicia Europeo, la Administración de Consumo andaluza va a proceder a analizar la puesta en marcha de actuaciones inspectoras para el control de escrituras hipotecarias, de tal forma que, si se apreciasen incumplimientos a la normativa vigente en materia de consumo, se pondrían en marcha los correspondientes procedimientos sancionadores con la imposición de multas.
Por otra parte, estas actuaciones posibilitarían también que, tanto las personas consumidoras como la propia Junta de Andalucía, acudiesen al ejercicio de acciones en vía judicial.
Por último, ha hecho un llamamiento para que "a nivel del Estado se amplíe el grupo de trabajo que se ha creado para debatir sobre los desahucios con el fin de incluir a la sociedad civil".
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