El portavoz del PP-A en el Parlamento de Andalucía, Carlos Rojas, ha presentado este miércoles un avance de las conclusiones que su grupo presentará este viernes 9 de noviembre a la comisión de investigación creada en la Cámara autonómica sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta y en las que pide la dimisión, como "principales responsables políticos", del expresidente y presidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, respectivamente; de la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo; del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, y de otros doce excargos de la Administración autonómica entre 2011 y 2010.
Estos doce excargos, para los que el PP-A solicita la dimisión de las responsabilidades públicas que ostenten en la actualidad, son los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera, Antonio Fernández y Manuel Recio; los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá y Justo Mañas; los exdirectores de la Dirección General de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera; los exconsejeros de Innovación Francisco Vallejo y Martín Soler; la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez y el exconsejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías.
Rojas ha aclarado en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el resto de miembros del PP-A que participan en la comisión de investigación --Rafael Carmona, Teresa Ruiz Sillero y Rafael Salas-- que estos son los "principales" cargos o excargos a los que exigirán responsabilidades pero no a los únicos pero que, en todo caso, donde "no hay espacio para la duda" es en que Chaves y Griñán "convivieron durante años con un sistema totalmente corrupto" y que tiene que "asumir su responsabilidad política" al quedar "probado que la Presidencia de la Junta conoció y amparó por conveniencia política la concesión de ayudas públicas otorgadas sin ley y de forma arbitraria y fraudulenta".
Es por eso, y porque el PP-A también tacha de inverosímil que, cuando el caso se hizo público, el presidente de la Junta dijera desconocer la naturaleza de los hechos que, a todas luces, tuvieron que resultarle conocidos dada la materia en cuestión que él mismo impulsó siendo ministro y por los reiterados informes de auditoría que la Intervención General le dirigió", por lo que el Grupo Popular, según ha advertido Rojas, "estará en contra de cualquier conclusión que no incluya a Chaves y a Griñán".
Dados estos "hechos" que el PP-A considera "más que probados" tras las declaraciones de los comparecientes en la comisión de investigación, el portavoz del Grupo Popular ha pedido al vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU), que también exija la "dimisión de Griñán por coherencia política", una invitación que ha hecho extensible al resto de su grupo parlamentario para que "no se desmarquen" a la hora de las conclusiones de la actitud demostrada durante los interrogatorios al presidente y al expresidente de la Junta.
"IU debe ser coherente a la hora de votar porque las preguntas que hizo (durante la comisión) parecían que eran para llegar al fondo de la cuestión y algunas de ellas era un ataque director a Griñán", ha recalcado Rojas, quien ha advertido que si la formación de izquierdas se "desmarca ahora de eso" para mantenerse en el poder y en "los asientos verdes" del Gobierno de la Junta estará haciendo "un flaco favor a la democracia en Andalucía y también a sus votantes".
Entre las conclusiones de los 'populares' también se exigirán "responsabilidades" al presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, en caso de que éste, en lo que sería una actitud "del todo reprochable" a juicio del PP-A, no entregue de aquí al viernes el "expediente completo" sobre las ayudas sociolaborales otorgadas por la Junta y solicitado por la comisión de investigación. "Si esto no se corrige por parte de la Cámara de Cuentas, también vamos a reflejarlo en nuestras conclusiones", ha advertido tras recordar que López es el "máximo responsable" de que ese informe llegue "completo" a la comisión.
Rojas también ha señalado al respecto que detrás de esta falta de colaboración por parte de la Cámara de Cuentas existe una "clara intencionalidad política", por lo que ha exigido al presidente de la comisión, Ignacio García (IU), que "busque inmediatamente" lo que falta porque, a su juicio, "si de verdad lo quisiera, podría tenerlo ahora mismo". "Tiene que haber transparencia de la A a la Z y García tiene que estar en ese camino", ha indicado el 'popular' para reclamarle al presidente de la comisión que pida "ya" ese expediente completo, algo que García ha vuelto a hacer esta mañana pero que en el momento de la rueda de prensa de Rojas aún no se había dado a conocer públicamente.
LAS CONCLUSIONES
De las 42 conclusiones hechas públicas este miércoles por el PP-A, Rojas ha destacado como "hechos probados" que en el seno del Gobierno andaluz "se articuló un instrumento ilegal, arbitrario y opaco de ayudas del que se han derivado numerosas ilegalidades y un menoscabo de fondos públicos evidente" y que durante los años investigados funcionó "una trama que otorgó ayudas fraudulentas y de la que se beneficiaron los propios miembros del Gobierno Andaluz, amigos y familiares afines al Gobierno y al Partido Socialista, empresarios próximos al poder, despachos de abogados, mediadores, compañías de seguros, comisionistas, quienes recibieron cuantiosas subvenciones y comisiones concedidas sin norma y sin control".
Igualmente, los 'populares' insisten en que esto "no era cosa de tres o cuatro golfos" y que, "habida cuenta del dilatado tiempo en que funcionó este mecanismo de reparto de dinero público y el caso omiso que hizo el Gobierno Andaluz de las alarmas que detectaron el fraude, desde el Ejecutivo se ideó, se toleró y se tapó una forma de proceder claramente ilegal" porque hasta 2011 no se aprobó una norma que regulara las ayudas sociolaborales con requisitos, plazos y normas de control.
En definitiva, según ha resumido Rojas, que las ayudas concedidas, "además de ilegales, son nulas de pleno derecho como así lo ha confirmado el propio Gobierno Andaluz a través de las resoluciones masivas aprobadas por la Consejería de Empleo declarando la nulidad de todas las subvenciones del programa 31L" y que, pese a ello, y pese a "15 ocasiones" en las que la Intervención General "dio cuenta fehacientemente a las Consejerías de Empleo, Innovación Ciencia y Empresa y Economía y Hacienda de las ilegalidades detectadas", este sistema de concesión de ayudas continuó "sin que nadie pusiera remedio".
A preguntas de los medios de comunicación precisamente sobre una entrevista publicada este miércoles en 'ABC' y en la que el exinterventor general Manuel Gómez asegura que "en solo 24 horas la Junta pudo acabar con el fraude" en los ERE, Rojas ha señalado que "más claro no se puede ser". "¿Qué más hace falta que pase en Andalucía para que Griñán asuma sus responsabilidades políticas?", se ha preguntado tras referirse también al caso Invercaria.
Cuestionado igualmente sobre si, en este caso, el exinterventor general también pudiera tener alguna responsabilidad, el 'popular' ha diferenciado entre las "responsabilidades políticas" que se buscan dilucidar en la comisión de investigación del Parlamento y las "responsabilidades jurídicas" que, en su caso, pudieran existir y que corresponderían a la justicia. "Si se derivan otras responsabilidades, serán los tribunales los que las determinen", ha zanjado.
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