Los sindicatos CCOO y UGT en Andalucía han presentado este viernes la convocatoria oficial de la huelga general del 14 de noviembre, en la Delegación del Gobierno y prevén comenzar a partir del lunes la negociación de los servicios mínimos, donde esperan que sean "igual que en las últimas".
En este sentido, en declaraciones a los periodistas tras registrar la convocatoria, el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, ha expresado su deseo de que la Administración autonómica y la central dicten servicios mínimos "consensuados", que permitan atender los servicios esenciales pero "también compatibles con el derecho a huelga de los trabajadores".
"Esperemos que una vez pactados esos servicios mínimos no se cambien ni se coja el camino elegido por la Delegación de la Junta en Cádiz de ampliar los servicios mínimos acordados con anterioridad", ha subrayado Carbonero en referencia a la decisión de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Cádiz que propuso el pasado 22 de octubre ampliar los servicios mínimos fijados para la huelga de limpieza que afectó a dependencias municipales y colegios públicos de Jerez de la Frontera (Cádiz).
Asimismo, el secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, ha señalado que "no tiene porqué haber ningún problema en esta negociación" y ha mostrado la voluntad de los sindicatos de "respetarlos escrupulosamente". Además, ha apuntado que de ser excesivos y considerarlos lesivos para el derecho a huelga de los trabajadores, recurrirán a los tribunales.
El secretario general de CCOO-A también ha llamado a la participación en la huelga general de la sociedad en general. "Los que tienen empleo, también los desempleados, los trabajadores del sector público, los pensionistas y las pequeñas empresas y autónomos", ha detallado, ya que "se trata de que la empresa pequeña y los autónomos cierren un día para no cerrar para siempre".
CONTRA LAS DECLARACIONES DE GALLARDÓN
De igual manera, ambos líderes sindicales andaluces han criticado el anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de que introducirá cambios en la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o bien en el nuevo Código Penal para que partidos y sindicatos puedan ser condenados penalmente.
En este sentido, Carbonero ha señalado que CCOO "nunca se ha amedrentado en ningún caso por muchas presiones gubernamentales que hubiera". "Con esta actitud del Gobierno, el día que se entregó la convocatoria de huelga en España, es para echar mano al recordatorio de Galardón, que va de demócrata liberal y tolerante para tirar de los apuntes que tenía cuando era secretario general de Alianza Popular, lo más rancio que quedo en España en la democracia", ha enfatizado.
"Se está viendo cuál es su línea de pensamiento, pero el movimiento obrero ha pasado por situaciones difíciles y por muchas leyes que haya con la razón y la fuerza organizada de los trabajadores no va a poder ningún gobierno", ha advertido.
Por su parte, el secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, ha reprochado las declaraciones de Gallardón y ha recordado que los sindicatos son agentes constitucionales. "La modificación que plantea Gallardón tiene como objetivo claramente y con descaro intentar controlar las movilizaciones en rechazo de la política económica del Gobierno, que está frustrando la vida de cientos de miles de personas", ha señalado.
"No vamos a aceptar de ninguna manera que haya modificaciones legislativas que limiten el derecho de los ciudadanos, de los trabajadores a poder reivindicar, protestar, defender sus derechos", ha apuntado Pastrana, quien ha avisado de que el Gobierno del PP se está acercado "peligrosamente" al límite de la "coacción propia de regímenes en los que desde luego no brilla la libertad".
"UGT no va a permitir a estas alturas, tras 30 años de democracia, que se limite de la mano del Gobierno del PP la posibilidad del ejercicio de la huelga, derecho constitucional, y cualquier posibilidad en el marco de las leyes de reivindicar derechos", ha subrayado.
Por ultimo, ha apuntado que los sindicatos no violan la legislación, sino que actúan en función de la misma. "No hay ninguna razón" para plantear esta modificación, por lo que, a su juicio, "sólo se trata de aprovechar la coyuntura para darle la vuelta de tuerca a los derechos civiles y libertades de los trabajadores y ciudadanos".
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