El portavoz parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, ha asegurado que su formación exigirá responsabilidades políticas a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, y al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, en el marco de la propuesta de dictamen de la comisión de investigación sobre el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), que el grupo de IULV-CA está elaborando en estos momentos.
En una entrevista concedida a Europa Press, el portavoz parlamentario de IULV-CA ha asegurado que durante los años en los que estos exdirigentes estuvieron al frente de la Consejería de Empleo, --entre 2001 y 2010--, el departamento era un "hervidero" de malas prácticas, en lo que se refiere a la concesión de ayudas sociolaborales a trabajadores y empresas en crisis "de una forma totalmente discrecional y arbitraria".
Castro, que no ha precisado si IULV-CA demandará más responsabilidades políticas a miembros o exmiembros del Gobierno andaluz, dado que la elaboración del dictamen se encuentra aún en una fase inicial, sí que ha descartado demandar responsabilidades al exconsejero de Empleo Manuel Recio, argumentando que su actitud fue la de poner las irregularidades encima de la mesa "más que continuar con esas malas prácticas".
En lo que se refiere a la posible responsabilidad de la Intervención General de la Junta, el dirigente de IULV-CA ha asegurado que su formación está sometiendo a este órgano a un "importante análisis crítico", en relación a por qué la Intervención General "no fue más allá de las advertencias que realizó" a diferentes departamentos de la Junta.
"Se ha querido justificar a la Intervención asegurando que no se detectó menoscabo de fondos públicos, pero no es eso lo que dice la ley", ha advertido Castro, quien ha querido dejar claro que la ley recoge que la Intervención General tiene que actuar "si ve peligro o indicio de menoscabo de fondos públicos. Y ahí no se intervino".
Sobre qué responsabilidad cree que podrían tener el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, el portavoz parlamentario de IULV-CA ha indicado que es "muy difícil" delimitar ese tipo de responsabilidad "cuando buceas y ves como estaban establecidos los mecanismos de control y hasta donde podían llegar las alertas".
"En ese ámbito es mucho más difuso y complicado establecer esas responsabilidades", ha afirmado Castro, quien ha avanzado que IULV-CA negará en el dictamen que el Parlamento pueda tener ningún tipo de responsabilidad por el hecho de que la Cámara aprobara año tras año el Presupuesto de la Junta, en el que se contenía la partida para ayudas sociolaborales y se hacía una referencia al convenio marco, "caducado desde 2003".
Según ha explicado el dirigente de IULV-CA, en la comisión de investigación de los ERE distintos comparecientes "nos intentaron convencer de que el Parlamento, al aprobar anualmente dicha partida, estaba dando carta de naturaleza anualmente al convenio marco firmado entre Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y eso no ha sido así de ninguna de las maneras, ni política ni jurídicamente".
A TENER EN CUENTA PARA FUTURAS COMISIONES
Tras asegurar que no cree que haya "ningún problema" con el PSOE-A en relación a la propuesta de dictamen que haga IULV-CA, Castro ha reiterado que su formación no tiene "lealtad retroactiva" con el anterior gobierno y ha insistido en que IULV-CA no va a cambiar su perfil, ni su visión sobre lo que ha sido el caso de los ERE. "Y así lo hemos demostrado a lo largo de la comisión", ha apostillado.
Asimismo, ha subrayado que habría que tener en cuenta para futuras comisiones de investigación que no es lo más recomendable que éstas se celebren con una instrucción judicial "tan avanzada", en relación a que los imputados se acojan a su derecho a no declarar, como ha ocurrido con la inmensa mayoría de los imputados por el caso de los ERE y que fueron llamados por el Parlamento andaluz.
Sobre las recomendaciones que la formación podría realizar en el marco del dictamen, Castro ha señalado la necesidad de elaborar normativas que dejen claro un procedimiento "reglado y transparente" en la concesión de ayudas. "La transparencia tiene que ser una nota distintiva en toda la acción de la Administración andaluza y si se da una ayuda a una empresa cualquier ciudadano tiene que tener conocimiento de la misma", ha añadido.
Preguntado por el papel desempeñado por el PP-A en la comisión de los ERE, el portavoz parlamentario de IULV-CA ha asegurado que ha sido "variable" porque, en un principio, su objetivo parecería ser desprestigiar la comisión, y, posteriormente, se procedió a un trabajo "más sosegado y continuo", aunque trasladaran a los medios de comunicación una serie de cuestiones "que nada tenían que ver con lo que realmente había ocurrido".
"NO PINTA BIEN" LO OCURRIDO EN INVERCARIA
Finalmente, sobre las irregularidades que han podido producirse en Invercaria, sociedad de capital riesgo de la Junta, Castro ha indicado que el asunto "no pinta bien" y que IULV-CA, al igual que ha hecho en el caso de los ERE, llegará "hasta donde tenga que llegar" para que se esclarezca si ha podido haber algún tipo de fraude con el dinero público.
Sobre la posibilidad de que se creara una nueva comisión de investigación sobre este asunto, ha dicho que su formación no descarta nada, si bien ha recordado que no pueden celebrarse dos comisiones de este tipo en el mismo periodo de sesiones porque el Reglamento de la Cámara lo permite.
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