La delegada de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Isabel Baena, advierte que el Gobierno de España "aún no ha hecho efectiva su transferencia" del Plan Concertado 2012, que sufre, como cifra, un 46 por ciento de recorte en la aportación estatal, frente al Gobierno andaluz que "apuesta por mantenerlo".
En una entrevista con Europa Press, la representante del Ejecutivo regional ha lamentado que desde la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de la capital se diga que "la Junta desmantela el Estado del Bienestar o que no apuesta por las políticas sociales", unas críticas que tacha de "cínicas".
En este sentido, explica que el Plan concertado se sustenta por parte de los gobiernos central y de las comunidades autónomas "para el desarrollo de plazas de trabajadores sociales en los diferentes municipios mayores de 20.000 habitantes o menores de 20.000 por parte de la Diputación".
Al respecto, el Gobierno andaluz "ha mantenido la apuesta y la cuantía económica como puerta de entrada a la atención de los servicios sociales comunitarios", que, a su juicio, son "claves para tantas personas que necesitan o están en una situación de exclusión social", por tanto "mantenerlo nos da legitimidad para apostar por el Estado del Bienestar".
Frente a ello, "lejos de ver la apuesta decisiva del Gobierno central", éste, como reprocha la delegada de Salud y Bienestar Social, "hace una rebaja del 46 por ciento en el actual presupuesto sin ningún tipo de acuerdo en el Consejo Territorial de cómo solventar la situación".
Así, según la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), a la provincia de Córdoba le corresponden 4.827.538 euros dentro del Plan Concertado. De esta cantidad, un 79,2 por ciento es aportado por la Consejería de Salud y Bienestar Social, poniendo de manifiesto una vez más "el compromiso" con las políticas sociales y con la atención directa a sus ciudadanos a través de los ayuntamientos.
Mientras, critica que la "falta de apoyo" del Gobierno central supondrá que los ayuntamientos dejen de recibir más de 830.000 euros durante 2012 para el desarrollo de programas de atención social. "Queda claro así que la prioridad para el Gobierno de Rajoy no son los ciudadanos con situaciones de necesidad, ya que sus soluciones a la crisis afectan de forma muy negativa a los servicios sociales", según apunta Baena.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
