El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández ha pedido este martes amparo al magistrado presidente del juicio con jurado popular por el presunto cohecho en Mercasevilla, después de que el abogado que ejerce la acusación en nombre del PP le preguntara si fue él quien ordenó pedir a los empresarios de La Raza la comisión ilegal de 300.000 euros a cambio de la gestión de la escuela de hostelería.
Fernández, que ha declarado como testigo, ha protagonizado varios momentos de tensión con el letrado del PP, quien en otro momento del interrogatorio le ha preguntado por su imputación en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos --caso por el que estuvo encarcelado varios meses--, lo que ha motivado la airada protesta del abogado del exdelegado provincial de Empleo Antonio Rivas, Francisco Baena Bocanegra, quien ha dicho que esas preguntas "son una forma de presionar al testigo".
En ese momento, el juez le ha dicho que "no le hable en ese tono" y ha decidido admitir la pregunta, a la que Fernández ha contestado señalando que "gozo de presunción de inocencia y de las garantías constitucionales", añadiendo que "estoy imputado en el caso de los ERE junto con 69 personas más, ciudadanos andaluces", y que su cese como consejero se debió a la "renovación del Gobierno en 2010" y no a su imputación, que "no tuvo nada que ver".
"Fui cesado de mi cargo junto con tres consejeros más, mientras que Rivas continuó con mi sustituto", ha asegurado el exalto cargo, quien ha querido dejar claro que el propio Rivas "nunca ha sido cesado, sino que dimitió voluntariamente por una imputación penal y para no perjudicar a la institución ni al partido, algo poco habitual en la política española".
El otro momento de tensión ha sido cuando el abogado del PP le ha preguntado si "ordenó a Rivas que, directamente o a través de terceros, exigiera" la comisión "ilegal" de 300.000 euros a los hosteleros de La Raza, lo que ha motivado que Fernández solicite "amparo" al juez, ya que "me parece absolutamente infundado y contra mi honor, es una imputación en toda regla".
DEFIENDE LA HONESTIDAD DE RIVAS
Asimismo, y sobre el exdelegado provincial de Empleo, el exconsejero ha defendido su honestidad e integridad asegurando que "ni se me ocurre pensar que estuviera implicado" en el caso, añadiendo asimismo que "nunca hemos tenido ningún problema de denuncia política o judicial contra" Rivas, que "nunca me presionó" para que concediera la subvención de 900.000 euros a Mercasevilla.
Durante su declaración, Fernández ha señalado que fue Juan Gallo, entonces director general de la Consejería de Presidencia, quien "me llamó y me dijo que un amigo suyo había sido objeto de una petición por parte de directivos de Mercasevilla, y que lo había grabado". "Era la primera vez que me ocurría eso en mis 15 años de servidor público", por lo que "convoqué a las cinco horas" una reunión en el Parlamento.
A la misma asistieron, además de él, el gerente del SAE, Antonio Toro; el propio Rivas y el viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá. "Les conté el tema y todos nos extrañamos, sorprendimos y enfadamos, ya que es la primera vez en la historia de la Consejería que sucede una contingencia de ese tipo". A continuación, ordenó a Barberá que obtuviera la cinta y la oyera, y que "ante cualquier imputación a la Junta de cualquier anomalía, inmediatamente se pusiera en manos" de la Fiscalía.
EXPEDIENTE DE INFORMACIÓN RESERVADA
Tras destacar el activo papel que tuvo Rivas a la hora de decidir denunciar estos hechos y subrayar que la Junta "fue la primera en denunciar" el presunto intento de cohecho, ha explicado que también "dio instrucciones" al entonces viceconsejero para que abriera un expediente de información reservada en torno al asunto.
La declaración del exconsejero ha tenido que ser suspendida durante 30 minutos después de que el PP pidiera aportar tres documentos "que demuestran que, en 2006, Mellet y Rivas ya tenían pactada la subvención de 900.000 euros" para la escuela de hostelería --a pesar de que Rivas negó haber participado en la tramitación de la subvención--, documentación que ha sido aceptada por el juez al considerar que "tiene relevancia" para el enjuiciamiento de los hechos y que es "pertinente", pues aunque "no están firmados, pueden ser corroborados por otras pruebas".
En concreto, el PP ha encontrado estos tres documentos entre la documentación aportada por la Fundación Socioasistencial Mercasevilla a la juez que investiga un presunto delito societario en el mercado central de abastos, tratándose de la petición por parte de la fundación al SAE para obtener la subvención --de fecha 4 de diciembre de 2006-- y de dos borradores de convenio para crear la referida escuela de hostelería, el último de diciembre de 2007.
"DESLEALTAD PROCESAL"
La aportación de esta documentación como prueba ha provocado las protestas de los abogados defensores, e incluso Baena Bocanegra ha hablado de "deslealtad procesal" y de "jugar con la honorabilidad" de las personas, criticando además que en alguno de ellos aparecen juntos los membretes de la Junta y de Mercasevilla, cuando eso "nunca es así". Al término de la sesión, Rivas ha querido dejar claro que estos documentos no están firmados por él.
En la jornada de este martes ha declarado también Agustín Barberá, que ha relatado que, tras reunirse en el Parlamento con Fernández, Toro y Rivas, a cuenta de la grabación, "nos pareció un hecho tremendamente grave y decidimos" abrir un expediente de información reservada; paralizar el pago de la subvención, y, una vez escuchada la grabación, acudir a la Fiscalía, ya que "entendí que era el órgano que debía investigar los hechos".
"Era una auténtica barbaridad que alguien pidiera una comisión en nombre de la Junta", ha señalado Barberá, quien también ha destacado la honestidad de Rivas, "que tenía un enorme prestigio y era una persona absolutamente entregada a su trabajo, que no tenía horas". "No pensé en ningún momento" que Rivas "podía estar implicado" en el presunto intento de cohecho, ha señalado.
EL 'CONSEGUIDOR' DE LOS ERES, "DE PARTE DE LA RAZA Y DE MERCASEVILLA"
De su lado, el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista Juan Lanzas ha admitido que prestaba sus servicios para el grupo empresarial La Raza y para Mercasevilla, aunque ha dicho que no cobró nada por esta labor de "asesoramiento".
Ha relatado que estuvo presente en dos reuniones en la Delegación Provincial de Empleo de la Junta en Sevilla donde se trató el asunto de la escuela de hostelería de Mercasevilla, y que a estos encuentros asistía "de parte de La Raza y de Mercasevilla".
En este sentido, ha relatado que mantenía una relación "profesional" con el exdirector general del mercado Fernando Mellet desde 2006, a cuenta "del asesoramiento sobre un ERE", y que, en el marco de esa relación "profesional", Mellet le llamó "para preguntarme qué me parecía la idea de una escuela de hostelería", por lo que "le di tres consignas", como son "el sitio para hacerla; que buscara gente que conociera el ramo de la hostelería, y que solicitara ayudas públicas, pues como se metiera él solo se iba a arruinar".
En la jornada de este martes han declarado también el exresponsable de los servicios jurídicos de la Junta Francisco del Río y Juan Gallo, que ha asegurado que, una vez que los empresarios de La Raza le informaron de que exdirectivos de Mercasevilla le habían solicitado 300.000 euros "en un maletín", les pidió "pruebas", tras lo que los empresarios grabaron el segundo encuentro.
El 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas dice que trabajaba para La Raza y para Mercasevilla
Por su parte, el 'conseguidor' de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y exsindicalista Juan Lanzas ha admitido este martes que prestaba sus servicios para el grupo empresarial La Raza y para Mercasevilla, aunque ha dicho que no cobró nada por esta labor de "asesoramiento".
Durante su declaración como testigo en el juicio con jurado popular por el presunto cohecho en Mercasevilla, Lanzas ha relatado que estuvo presente en dos reuniones en la Delegación Provincial de Empleo de la Junta en Sevilla donde se trató el asunto de la escuela de hostelería de Mercasevilla, y que a estos encuentros asistía "de parte de La Raza y de Mercasevilla".
En este sentido, ha relatado que mantenía una relación "profesional" con el exdirector general del mercado Fernando Mellet desde 2006, a cuenta "del asesoramiento sobre un ERE", aunque "lo conocía de antes porque me había hecho varias consultas".
Ha relatado que, en el marco de esa relación "profesional", Mellet le llamó "para preguntarme qué me parecía la idea de una escuela de hostelería", tema sobre el que "tengo cierto conocimiento", por lo que "le di tres consignas", como son "el sitio para hacerla; que buscara gente que conociera el ramo de la hostelería, y que solicitara ayudas públicas, pues como se metiera él solo se iba a arruinar".
"No le seguí prestando asesoramiento porque técnicamente no sé como se hacía", ha señalado Lanzas, añadiendo que, posteriormente, Mellet "me llamó" para que acompañarle a reuniones en la Delegación de Empleo sobre la escuela de hostelería, algo que "hice porque veía que el tema era interesante y, además, yo era comercial de un gabinete jurídico que asesoraba a empresas".
Así, ha relatado que estuvo presente en dos reuniones en el despacho del entonces delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, en las que se habló del proyecto, en la primera de ellas, y de la posibilidad de que la Dirección General de Formación apoyara este proyecto con una subvención "si lo veía viable", en la segunda.
"Yo iba de parte de La Raza y de Mercasevilla" a estas reuniones, según ha subrayado Lanzas, quien ha querido dejar claro que "no cobró nada por el asesoramiento" prestado al merca, punto en el que ha eludido hablar sobre si cobró alguna cantidad económica por los ERE de Mercasevilla, porque "lo de los ERE se aclarará luego".
No obstante, el magistrado presidente, Ángel Márquez, le ha instado a contestar a la pregunta formulada por la acusación que ejerce Juan Ignacio Zoido, por lo que Lanzas ha aseverado que "nunca he cobrado nada; mi empresa sí cobró, pero no me ha pagado todavía porque se quedó como un tema de futuro".
Juan Gallo pidió a los empresarios de La Raza "pruebas" del presunto cohecho
El que fuera director general de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Gallo, ha asegurado este martes que, una vez que los empresarios de La Raza le informaron de que exdirectivos de Mercasevilla le habían solicitado 300.000 euros "en un maletín", les pidió "pruebas" de un asunto que era "delicado".
Durante su declaración en el juicio con jurado popular que se celebra en la Audiencia Provincial de Sevilla, Juan Gallo ha relatado que, a mediados de enero de 2009, el hostelero José Ignacio de Rojas le llamó para comentarle un tema "importante", tras lo que se reunió con Rojas y su primo y socio, Pedro Sánchez Cuerda.
En esa primera reunión celebrada en el restaurante La Raza, los empresarios le narraron que la escuela de hostelería proyectada en el mercado central de abastos había recibido una subvención y que directivos del merca les habían dicho que "trajeran 300.000 euros en un maletín", pero les dijo que "sin pruebas no quería volver a hablar del asunto".
"Me preguntaron qué era una prueba y les dije que un testimonio de un testigo, documentos o grabaciones", tras lo que mantuvo una segunda reunión a finales de enero con José Ignacio de Rojas, quien "sacó una grabadora y me puso la cinta" con la presunta petición de la comisión ilegal.
En ese momento, "le pedía una copia y le dije que me iba a asesorar legalmente", tras todo lo cual se puso en contacto con el entonces responsable del gabinete jurídico de la Junta, Francisco del Río, quien "me aconsejó que dado que la Consejería implicada era la de Empleo, fuera con el CD" y se lo entregara al viceconsejero, en esos momentos Agustín Barberá, a fin de que "lo aportara a la Fiscalía".
Tras recibir el CD el día 3 de febrero de 2009, fue el día 12 del mismo mes cuando se reunió con Barberá y le entregó "el mismo CD que había recibido" de manos de los hosteleros, ha dicho el testigo, quien ha asegurado que, dos días después, puso estos hechos en conocimiento del alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín.
El testigo ha dicho que no escuchó la cinta "íntegramente", sino únicamente "la parte en que se hacía referencia a la Junta", y ha señalado que no recuerda que los empresarios le dijeran en qué concepto habían solicitado los exdirectivos de Mercasevilla la cantidad de 300.000 euros.
De su lado, el que fuera responsable de los servicios jurídicos de la Junta, Francisco del Río ha confirmado que Juan Gallo "me llamó y me indicó que le habían hecho llegar una prueba en la que directivos de Mercasevilla le pedían a unos empresarios una cantidad de dinero para el cobro de una subvención que había recibido la Junta".
Ha indicado que Gallo le comentó que la subvención era de la Consejería de Empleo, por lo que "le dije que mandara" dicha grabación a la Consejería "para que la remitiera al fiscal", tras lo que coindició con Barberá en un consejo de viceconsejeros y fue allí "donde me dijo que había mandado o iba a mandar" la cinta a la Fiscalía.
300.000 "por baremo"
Los dueños del Grupo La Raza han dicho al jurado del caso Mercasevilla que los directivos del mercado imputados les pidieron 300.000 euros de comisión para la Junta, cifra fijada según el “baremo” para las subvenciones que concedía la administración, y otros 150.000 para la acometida eléctrica.
Pedro Sánchez Cuerda, apoderado del grupo, ha declarado que el ex director adjunto de Mercasevilla, Daniel Ponce, le dijo, para tranquilizarle en cuanto a que el dinero no era para ellos, que “esto ocurre siempre en la Junta de Andalucía” y que debían llevar el dinero en un maletín que dejarían “olvidado” en un despacho del mercado.
Los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce pidieron el soborno en dos reuniones celebradas el 16 y 27 de enero de 2009. La segunda fue grabada por los empresarios, y al final de ella los imputados empezaron “un regateo”, según el testigo, en el que les ofrecieron “disfrazar” el pago en forma de donativo a la Fundación Mercasevilla y llegaron a decir “200.000 euros y no se habla más”.
Sánchez Cuerda y su socio José Ignacio de Rojas han declarado que no saben para quién era la comisión, aunque los imputados dijeron hablar en nombre de la Junta de Andalucía, que “colabora con quien colabora”, y entendieron claramente que “si no pagábamos, no tendríamos la Escuela de Hostelería” de Mercasevilla, que acababa de recibir una subvención de 900.000 euros del Gobierno andaluz.
Han coincidido, sin embargo, en exculpar al acusado Antonio Rivas, exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, con quien mantuvieron cinco reuniones pero de quien no tienen ningún “dato objetivo, sospecha ni percepción” de que estuviera detrás de la comisión.
Sánchez Cuerda ha relatado su primera reunión con los acusados Daniel Ponce y Regla Pereira, directora de Proyectos de la Fundación Mercasevilla, cuando el primero de ellos le dijo que tenía dos noticias para él: una buena y otra mala. La buena era que la Junta había concedido los 900.000 euros, y la mala que había “dos gastos no previstos”: 150.000 euros para la acometida eléctrica -que debía ser cubierta por la subvención- y que “la Junta de Andalucía solicitaba 300.000 euros como soborno”.
Según Sánchez Cuerda, a continuación Ponce empezó a darle “caramelitos” y le prometió que, a cambio, hablarían con el Ayuntamiento para que les adjudicara todos sus cáterings y todos los cursos que organizaran estarían subvencionados por la Junta.
Los empresarios han relatado que la petición les “indignó porque nos estaban robando” o “estafando”, o porque “les habían visto cara de tontos”, siendo “una empresa honrada”.
Sánchez Cuerda, por otra parte, ha confirmado a un abogado defensor que su esposa trabaja en el Gabinete del alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, que ejerce la acusación particular, y que decidieron grabar la segunda reunión por consejo de Juan Gallo, alto cargo de la Consejería de la Presidencia, quien les advirtió de que “la Junta no pide estas cosas” y que tuvieran cuidado porque les estaban “estafando”.
Además, ha declarado que el “conseguidor” Juan Lanzas participó en varias reuniones sobre la Escuela de Hostelería pero no representaba a su grupo, lo que contrasta con lo manifestado por el imputado Antonio Rivas, quien aseguró que tampoco representaba a la Administración y que supuso que asesoraba a los empresarios.
“No me fié en ningún momento”
“No me fié en ningún momento de ellos, porque no sabía” si el dinero solicitado “era para la Junta o para ellos; lo que sí sabía era que nos estaban robando y estafando”, por lo que, una vez terminado ese segundo encuentro, José Ignacio de Rojas se puso en contacto con Juan Gallo y le entregó una copia de la grabación. “Me parece un robo, y así lo entenderá cualquier persona que haya escuchado la grabación o tenga dos dedos de frente”, ha afirmado.
El turno de Antonio Fernández y del ‘conseguidor’ Juan Lanzas
El juicio continúa este martes escuchando a Antonio Fernández, consejero de Empleo que concedió la ayuda de 900.000 euros utilizada supuestamente para extorsionar a los empresarios, y el ‘conseguidor’ Juan Lanzas, que intervino en las reuniones aunque nadie ha aclarado a quién representaba.
La comparecencia de testigos comienza con Juan Gallo, alto cargo de la Consejería de la Presidencia, que advirtió a los empresarios de que la Junta no pedía comisiones y les aconsejó grabar sus entrevistas con los acusados como prueba. A continuación lo hará Francisco del Río, exjefe del gabinete jurídico de la Junta, a quien Gallo relató la grabación y le recomendó poner los hechos en conocimiento de la Consejería de Empleo, que había otorgado la subvención para la Escuela de Hostelería, y luego denunciarlo en Fiscalía.
Luego está citado el ‘conseguidor’ Juan Lanzas, que participó en varias reuniones sobre la Escuela de Hostelería y de quien nadie ha precisado a quién representaba, ni los empresarios ni el exdelegado de la Consejería de Empleo. Lanzas, exsindicalista de UGT, declaró como testigo en septiembre de 2009 ante la jueza Mercedes Alaya que intervino en las negociaciones para la Escuela de Hostelería de Mercasevilla para “profesionalizarla” y que nunca hubo “manteca por medio”.
Los testigos citados para la jornada de hoy se completan con Agustín Barberá, exviceconsjero de Empleo que instruyó en 2009 el expediente de información interna al descubrirse el caso, y Antonio Fernández, consejero de Empleo entre 2004 y 2010, que será interrogado por el proceso de concesión de la subvención extraordinaria de 900.000 euros.
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