El dueño del grupo Mirador, acusado por supuestamente apropiarse del dinero entregado por compradores de viviendas de una promoción en la localidad malagueña de Vélez-Málaga, ha negado este miércoles los hechos y ha asegurado que las cantidades dadas fueron "invertidas en la promoción". Por contra, una docena de perjudicados se sienten "engañados" y han declarado que no les explicaron por qué las obras no se hicieron y ahora no tienen "ni las casas ni nada".
La Sección Primera de la Audiencia de Málaga ha comenzado este miércoles el juicio al propietario de la sociedad promotora de las viviendas y a su hermano, a los que la Fiscalía y la representación de 12 afectados acusan de un delito continuado de apropiación indebida, pidiendo el fiscal siete años de prisión y ocho la abogada de la acusación particular. La vista oral terminará este jueves tras las conclusiones definitivas y los informes finales.
En su escrito inicial de calificación, el ministerio público señala que la empresa vendió distintas viviendas de la promoción 'Mirador de la Fortaleza' "sin afianzar las cantidades entregadas a cuenta ni llegar a comenzar las obras más allá de la limpieza y allanamiento del terreno". La comercialización fue en 2004 y 2005, mientras la licencia se pidió la primera vez en 2007, desistiendo de la solicitud; y la segunda, en 2008, caducando el expediente.
Los 12 perjudicados que están personados como acusación particular entregaron distintas cantidades, que oscilan entre los 30.000 y los 40.000 euros, para adquirir una vivienda y, en algunos casos, también un aparcamiento, firmando un contrato privado directamente con la promotora o con una inmobiliaria "sin devolver" la empresa, dice el fiscal, ese dinero entregado a cuenta. Así, en total, dieron unos 400.000 euros.
El acusado ha declarado que el dinero se invirtió en la promoción, en conceptos como pagos a la inmobiliaria, aval del Ayuntamiento, honorarios de técnicos, gastos registrales o notariales, junta de compensación o certificaciones. Así, ha apuntado que se han justificado 2,7 millones de euros de gastos directos y que en 2008 se hizo una dación en pago de los terrenos al banco que había concedido el préstamo.
Ha dicho que las cantidades no se afianzaron con avales individuales, que se expiden cuando se obtiene la licencia, pero como en este caso no hubo, no se expidieron; aunque sí había un aval general. Ha asegurado que se formalizaron 82 operaciones en esa promoción y que con 70 compradores se llegó a acuerdo de permuta --dos casos-- por otros pisos o de liquidación de las cantidades; pero que con este grupo de denunciantes no hubo negociación.
Respecto a las obras, ha declarado que en Vélez la tramitación es más lenta y que en el caso de esta promoción, el procedimiento se fue dilatando por distintas modificaciones y cambios hasta que en enero de 2009 se les notificó que había caducado el expediente de solicitud de la licencia, aunque, ha insistido, se habían presentado a uno de los técnicos municipales la documentación requerida. El otro acusado se ha mostrado de acuerdo con lo declarado por su hermano.
Los perjudicados que han declarado como testigo han coincidido en que nadie de la empresa les ofreció "ni permuta ni nada" y en que ahora no tienen "ni la vivienda ni el dinero". También han asegurado que intentaron hablar "cientos de veces" con alguien de la promotora, porque no les explicaban el por qué no habían comenzado las obras y, o era "misión imposible" porque "no se ponían al teléfono" o les decían que "no pasaba nada".
Algunos han asegurado que cuando iban al solar veían "tierras, olivos y alguna vez un burro", pero no el inicio de las obras; y otros han afirmado que las letras venían con nombres de distintas sociedades y que cuando preguntaban les decían que "todo quedaba en casa, que eran empresas del grupo". Además, los afectados han contado sus motivaciones para comprar los pisos y en todos los casos los querían para vivir ellos o alguno de sus familiares.
También ha declarado un perito, trabajador de la empresa entonces, que emitió un dictamen a petición de los responsables de la promotora sobre los flujos económicos en esta promoción, utilizando los datos de la contabilidad de la sociedad, resultando que hubo más gastos que cobros. Asimismo, ha declarado una abogada que ha llevado a un grupo de 20 afectados con los que, ha dicho, se llegó a un acuerdo de devolución del dinero, que se está cumpliendo.
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