El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Palma del Condado (Huelva) ha dictado un auto de procesamiento contra el exalcalde socialista de Bollullos Par del Condado José Carlos Sánchez y otros concejales y exconcejales del PSOE por delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y de desobediencia, así como a un extécnico municipal, por la supuesta recalificación de unos terrenos rústicos para ubicar en los mismos el recinto ferial de la localidad entre junio de 2005 y marzo de 2007.
Según reza en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el citado juzgado notifica el procesamiento de estas personas, ya que, a juicio de la juez, estos hechos pueden ser constitutivos de los citados delitos por la aprobación del proyecto de actuación por razones de interés público y la construcción y ejecución del recinto ferial con la contratación de empresas sin apertura de expediente administrativo previo y sin respetar los requisitos establecidos en la legislación vigente.
En cuanto al delito contra la ordenación del territorio, la titular del citado juzgado asegura que el técnico de la obra la realizó "con conocimiento de la naturaleza del suelo como no urbanizable y de especial protección", indicando además que el exprimer edil y concejales socialistas votaron en su momento favorablemente las resoluciones que dieron lugar a la ejecución del recinto multifuncional "con conocimiento de la afección de suelo no urbanizable y de especial protección", por lo que también considera el delito de desobediencia.
A su vez, la juez considera probado que el 8 de junio de 2005 el exalcalde firmó convenios de permutas con los dueños de las fincas y para ello "no se llevó a cabo ningún expediente administrativo", así como que la secretaria del Ayuntamiento hizo constar de "la imposibilidad de realizar permutas sin expediente administrativo previo y sin respetar los requisitos establecidos en la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía".
Por otro lado, en cuanto a la construcción del citado recinto, la juez señala en el auto que la secretaria del Ayuntamiento emitió un informe en 2006 en el que destaca "la inviabilidad de la actuación bajo la forma de proyecto de actuación por motivos de interés público conforme a la LOUA, y que lo procedente es la modificación del PGOU municipal para la alteración de la naturaleza del suelo y la consiguiente aprobación de un sistema general para la construcción del recinto multifuncional".
Del mismo modo, poco tiempo después la interventora informa negativamente del proyecto "ante la falta de fondos", y por su parte la Junta de Andalucía deniega la continuación de la tramitación como proyecto de actuación al no reunir los requisitos previstos en la LOUA y porque linda con una vía pecuaria, por lo que precisa la elaboración de un informe de evaluación de impacto ambiental, informe que tampoco se realiza. Sin embargo, a pesar de todo ello, se votó en pleno la aprobación definitiva del proyecto.
Por ello, ha realizado la orden de que se continúen las diligencias y que se le dé traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares, para que formulen sus escritos de acusación, y se proceda a la apertura del juicio.
Cabe recordar que el pasado año por estas fechas, este juzgado dictó un auto de procesamiento por este mismo caso, pero finalmente no se efectuó al solicitar la Fiscalía dos pruebas testificales más, así como más documentación, y la juez admitir a trámite esta petición.
Estos hechos fueron investigados tras una denuncia interpuesta por el actual Ayuntamiento de Bollullos, gobernado por independientes y el PP tras llegar a un pacto de gobierno.
OTRAS IMPUTACIONES
Sánchez tiene, en estos momentos, abiertos otros procedimientos judiciales en los que está imputado por delitos como los de prevaricación y estafa por hechos que tuvieron lugar durante el período que fue alcalde.
Uno de ellos está relacionado con una denuncia interpuesta por una vecina de la localidad a raíz de un litigio iniciado por la construcción de una vivienda en suelo no urbanizable en la que se le acusa de los delitos de estafa y prevaricación. Junto a esta tiene pendientes otras dos causas, una de ellas de ámbito urbanístico relacionada con el parque Ramos Mantis y la otra por su presunta implicación en la adjudicación, en el 2006, a la empresa Cespa del servicio de recogida de basuras del municipio a pesar de conocer la situación económica del Ayuntamiento y de que no contaba con el dinero necesario para hacer frente al contrato.
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