Los seis funcionarios que componen el departamento de Industria, Energía y Minas de Huelva han presentado una querella criminal por prevaricación contra el jefe de Servicio de la provincia, Tomás Fernández Nuviala, por obligarles a firmar una resolución de la planta de tratamiento de aguas de Minas de Aguas Teñidas, Matsa, “contrario a la legislación minera”, una querella que extienden a la entonces delegada de Economía y actual directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio.
Según fuentes del sindicato Safja, que representa a los seis funcionarios, la querella fue presentada el pasado lunes 18 de junio ante el juzgado de Instrucción de Huelva por la comisión de un presunto delito de prevaricación, al considerar que el funcionario les presionó para emitir un informe favorable sobre la planta de tratamiento de aguas en Sotiel, dependiente de Minas de Aguas Teñidas, Matsa.
Los funcionarios exponen en los 22 folios de la querella y “con documentación”, según las fuentes, cómo recibieron presiones de Fernández Nuviala durante la elaboración del informe de tramitación previa de la planta de tratamiento de aguas inertes de Sotiel, en esos momentos con un permiso de explotación.
Según las fuentes, el 26 de abril los funcionarios comunicaron al jefe de Servicio que “no procedía” la salida a información pública del proyecto al no cumplirse los requisitos legales, iniciándose una serie de comunicaciones hasta que el 16 de mayo les obliga “como superior jerárquico a que lo hagan”, amenazándoles con responsabilidades penales y expedientes disciplinarios.
Los funcionarios insisten en que el conflicto no se debe a “diferencias de criterios u opinión” como alega la Inspección de Servicio, donde pusieron en conocimiento los hechos, quien consideró que no hay una “flagrante vulneración de la Ley”, alegando que no pueden ponerse de acuerdo -como recomendaba la Inspección- con Fernández Nuviala ni esperar la respuesta de la Dirección General de Minas, que ahora dirige la anterior delegada en Huelva, María José Asensio, “que también ha tenido parte importante en esta historia”, según el sindicato.
La querella, que también hace referencia a otra denuncia presentada contra Fernández Nuviala en el juzgado de instrucción número 1 de Valverde del Camino, incluye la documentación y los informes cruzados que se han remitido las partes y que reflejan la “actitud contumaz del querellado” para que se firmaran las resoluciones que ellos veían contrarias a la legislación vigente.
Discrepancias técnicas
Por su parte, fuentes cercanas a la Administración ha circunscrito la querella en un conflicto derivado por cuestiones “estrictamente técnicas” entre el jefe de servicio y el jefe de departamento y sus colaboradores, recordando que la propia Inspección de Servicio, dependiente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en su resolución del 11 de junio, negaba la existencia de infracciones legales a tenor de la documentación aportada y por los hechos que se describían en el escrito presentado por los funcionarios.
Según las fuentes, la resolución de la Inspección afirmaba que no se apreciaba una “infracción manifesta del ordenamiento jurídico”, por lo que no procedía a su actuación, y recomendaba que el departamento adoptara una “solución técnica consensuada” y que las dudas las resolviese la Dirección General de Industria, Energía y Minas, estamento competente para aportar una opinión técnica superior.
Añaden las fuentes que los funcionarios sí se han puesto en contacto con la Dirección General, pero que en paralelo han interpuesto la querella criminal contra el funcionario y la ya exdelegada provincial, actual titular de este departamento.
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