En el escrito, al que ayer tuvo acceso Efe, el juez transforma en procedimiento abreviado las diligencias abiertas por las presuntas irregularidades en la tramitación del complejo comercial y da a las partes diez días para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
A las imputaciones iniciales de los siete denunciados por la Fiscalía del TSJA por la presunta comisión de sendos delitos de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio, se añaden las presentadas posteriormente por el Ministerio Público que afectan además a dos arquitectos, un abogado y una funcionaria de la Diputación.
En concreto, al ex alcalde y al ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate se les considera además presuntos responsables de infidelidad en la custodia de documentos públicos y prevaricación urbanística.
Al promotor del centro, Tomás Olivo -imputado también en el caso Malaya de corrupción urbanística en Marbella (Málaga)-, se le atribuye la posible comisión de un delito contra el orden público por desobediencia grave a la autoridad judicial o de obstrucción a la justicia por quebrantamiento de una medida judicial.
A los cuatro ediles que, como miembros de la Junta de Gobierno local, aprobaron en septiembre de 2005 la concesión de la licencia de obras del Nevada se les imputan posibles delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación, mientras que a los cuatro imputados restantes se les atribuye una presunta prevaricación.
Se trata del arquitecto que redactó el proyecto y el que elaboró las normas subsidiarias, y un abogado y una funcionaria de Diputación que aportaron informes que contradecían las irregularidades detectadas por los técnicos municipales.
Entre los motivos que arguye en el auto para continuar la causa, se encuentran la falta de un informe jurídico del letrado del Ayuntamiento de Armilla "determinante para controlar la legalidad", los atestados e informes del Seprona sobre obras y posibles irregularidades urbanísticas o la "difícil sostenibilidad" de los informes del arquitecto autor del proyecto a favor del mismo.
También el posible exceso del volumen de edificabilidad permitido, la ocupación de zonas verdes o la construcción en suelo no urbanizable.
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