Aunque el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, dijo que nada tenía que ver, la Operación Picones nos remite a otras estafas al erario público como las destapadas por las operaciones Halcón y Karlos. Todas ellas tienen en común el establecimiento de una red fraudulenta de empresas que buscan, como objetivo final, defraudar dinero público.
Y todas tienen en común su ámbito de actuación, entre Jerez y los pueblos de la Sierra gaditana. No en vano, el pueblo de Ubrique aparece en todas las actas de investigación, algo que ha causado hartazgo entre sus vecinos, que esta semana han tenido que salir a la palestra en los medios de comunicación para desmentir una inmerecida fama de reino de la picaresca.
Ciertamente, la imagen que proyectan estas operaciones nada tiene que ver con la de un pueblo trabajador como pocos y con una industria como la piel con fama más allá de nuestras fronteras. “Es una pena que por unos cuantos delincuentes, muchos de ellos ni siquiera son naturales de nuestro pueblo, estemos en el centro de la información”, señala un vecino, para añadir que “siempre pagan justos por pecadores”.
La Operación Picones se hacía pública esta semana en medio de una gran atención mediática. No en vano es la mayor operación realizada en España contra el cobro fraudulento de prestaciones por desempleo. De todas formas, el comandante jefe de la Policía Judicial, Luis Martín, ya indicaba que la investigación seguía abierta, sobre todo en busca quizás de un presunto ‘cerebro’ que actuara por encima de los dos hermanos Picón de Jerez de la Frontera, presuntos ‘cabecillas’ de la trama en colaboración con un primo de ambos.
Uno de ellos, que había sido puesto a disposición judicial y que responde a las siglas de J.R.C.P., está en libertad tras negarse a declarar, mientras la Fiscalía estudia una petición de ingreso en prisión y fijar una fianza.
En esta trama se entremezclan empresas ficticias, una de ellas dedicada a la hostelería y cuatro a la construcción, que presuntamente no tenían actividad alguna, aunque sí trabajadores dados de alta aunque, según la investigación de la Guardia Civil, tras un seguimiento, se supo que no realizaban ninguna tarea, estando en casa en horario laboral, lo que levantó aún más las sospechas.
Uno de los bares investigados, ubicado en Jerez de la Frontera, llevaba cerrado varios años y a pesar de ello contaba en la Seguridad Social como si tuviera contratadas a 35 personas.
Las cantidades económicas defraudada aún se están contabilizando, como señaló Josefina Galindo, jefa de la Inspección de Trabajo, pero las primeras cifras hablan de un fraude que podría superar los cinco millones de euros. Al frente de las empresas se colocaron unos testaferros, ‘cabezas visibles’ que firmaban como responsables a cambio de dinero, “unas botellas de licor, pagos de gasolina o unas copas en un bar”, tal y como señalan fuentes de la investigación para poner de relevancia que “eran personas generalmente humildes, con pocos recursos económicos, insolventes, y con escasa cultura empresarial”.
Ahora los agentes de la Policía Judicial tratan de demostrar que forman parte de una organización criminal, de una banda organizada, con lo que las penas se endurecerían. De lo contraria hablaríamos de pequeñas estafas con poco o nulo recorrido penal. Aquí está la clave de todo este entuerto.
‘Cabecillas’ y ‘cerebros’
En la trama aparecen, por ahora, en la cima, los hermanos Picón, que residen en la barriada San Juan de Dios de Jerez, y su primo, que actuaba “como comercial” para la zona de Ubrique y otros municipios serranos. Junto a ellos, también aparece una concesionaria de coches de Jerez, en la que adquirían los coches de alta gama gracias, presuntamente, al dinero obtenido con los beneficios de la estafa, así como una gestoría que habría, también presuntamente, actuado como asesor en la misma, algo que la Guardia Civil tratará de demostrar una vez que comience su labor la justicia. De hecho, fuentes de la investigación no dudan en asegurar que habrá nuevas detenciones.
Los hermanos Picón presuntamente habían utilizado, entre otras empresas, a dos bares de Jerez como tapadera para esta estafa, ambos en la zona del barrio El Calvario, junto al zoológico de este municipio gaditano. Supuestamente, los dueños de ambos negocios no sabían nada de ello, como si los hermanos simplemente los hubiera utilizado para poner un nombre y una dirección en la Seguridad Social y ante el Ministerio de Hacienda.
Lo importante en estos casos, no era el negocio, era el fraude, y el hecho de que existiera una organización que presuntamente dada de alta a aquellas personas que quisieran acceder a una prestación, fue un éxito, más en una provincia donde el paro es una lacra.
La cifra de más de 200 altas fraudulentas es la que maneja la Tesorería de la Seguridad Social y que queda reflejada en el informe de la Guardia Civil, imputando a los supuestos beneficiarios de la misma.
Presentan la operación
En este sentido, l a trama desarticulada en Cádiz y que habría conseguido, a través de empresas falsas, que más de 200 personas lograran subsidios de desempleo fraudulentamente, ha abierto la "caja de pandora" para la lucha contra esta estafa, gracias a una operación que ha dado muchas claves para agilizar su persecución.
Así se expresaba el comandante jefe de la Policía Judicial, Luis Martín, durante la rueda de prensa en la que se anunciaba que la Guardia Civil ha logrado desmantelar una trama organizada que utilizaba empresas ficticias para que numerosas personas pudieran beneficiarse del cobro de prestaciones por desempleo y ayuda familiar, sin que legalmente les correspondiese.
La estafa realizada a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Instituto Nacional de Empleo asciende a varios millones de euros. Han sido detenidos 91 integrantes de la trama e imputadas otras 213 personas en toda la provincia de Cádiz. Entre los detenidos se encuentran los cerebros de la trama, que supuestamente ponían al frente de las falsas empresas a "hombres de paja" seleccionados por su condición de insolventes.
Los detalles de la que se conoce como Operación Picones han sido presentados en una rueda de prensa en la que han intervenido el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, el comandante jefe de Policía Judicial, Luis Martín, y responsables de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Inspección de Trabajo. Todos ellos han destacado la “gran colaboración” entre las distintas administraciones para luchar contra el fraude, ya que este tipo de actividades suponen “un grave perjuicio para la sociedad”, en tanto que se trata de fondos públicos destinados a personas que realmente los necesitan.
Según han expuesto, la operación se inició en abril de 2011 en la localidad gaditana de Ubrique, cuando se recibieron varias denuncias en las que algunas personas aseguraban haber sido engañadas en la financiación de bienes de consumo de alto valor, utilizando como garantía nóminas y documentos bancarios que a la larga resultaron ser falsos o sin fondos. El elemento común a todas estas operaciones era un mismo número de personas o empresas afincadas en la zona de Jerez y otras poblaciones de la serranía de Cádiz.
Una vez iniciadas las investigaciones, tuteladas por uno de los Juzgados de Instrucción de la localidad jerezana, se desveló toda una serie de irregularidades en la constitución de empresas simuladas. Al frente de estas empresas estaría un numeroso grupo de los denominados ‘hombres de paja’, que proporcionaban a la Seguridad Social altas ficticias de trabajadores a los que les contaban un determinado periodo de tiempo cotizado, para cobrar subsidios por desempleo.
Por estas inscripciones como trabajadores, los nuevos empleados tenían que pagar una cantidad de dinero que variaba en función de los días que fuesen dados de alta.
Del mismo modo, las personas a las que empleaban como testaferros, recibían como compensación pequeñas cantidades de dinero así como invitaciones a copas, gasolina y otros bienes de consumo.
Según comentan, en el curso de la investigación, los agentes actuantes acudieron a un bar de una pequeña localidad en el que supuestamente había 35 trabajadores. Sin embargo, el bar no existía y las personas en cuestión no desarrollaban ningún tipo de actividad laboral.
Se han detectado un total de seis empresas ficticias --una de hostelería y cinco dedicadas a la construcción-- que habrían estado funcionando menos de un año para evitar ser descubiertas. La cuantía de lo defraudado está aún pendiente de ser cuantificado, aunque se estima que asciende a varios millones de euros.
LA ESTAFA MÁS NUMEROSA
Según han indicado, no hay antecedentes de una estafa a la Seguridad Social con tantas personas implicadas. Y es que, como se ha señalado, hay 213 imputados y 91 detenidos, a quienes se les imputan los delitos de estafa, falsedad documental y fraude contra la Seguridad Social.
A esto se añade un delito de banda organizada para los presuntos cabecillas: dos hermanos de Jerez que tomarían las decisiones fundamentales y un primo de éstos de Ubrique que haría de comercial. Los tres cuentan con antecedentes por hechos similares. Según han detallado, todos los reseñados son de la provincia de Cádiz y entre ellos no figura ningún empleado público.
La investigación continúa abierta y este mismo jueves se ha procedido a un registro domiciliario en la casa de uno de los cabecillas en Jerez. Los investigadores no descartan detectar algún tipo de asesoramiento específico a estas personas sobre cómo efectuar un fraude de estas características. De ser así, tendrían que responder ante la justicia como posibles inductores del delito o como participantes del mismo.
Los representantes de la Guardia Civil y las distintas administraciones han advertido, tras la presentación de los resultados de la investigación que esta operación ha permitido “dar con la clave de poder detectar, con mucha fiabilidad y de una manera más fácil, las empresas ficticias que se están lucran”.
En este sentido, tanto el comandante de la Guardia Civil como el subdelegado del Gobierno en Cádiz, como Miguel López Aranda, director de la Tesorería General del Estado en Cádiz y Josefina Galindo, jefa de la Inspección de Trabajo han coincidido en señalar que esta operación debe servir para advertir a los defraudadores que el Estado va a poner “todo el acento” en la lucha contra ellos.
Estas investigaciones permitirán también mejorar la eficacia y los mecanismos de control del grupo que la Inspección de Trabajo ha puesto en marcha para luchar contra este tipo de fraudes, mejorar los protocolos de coordinación de información e incluso configurar “un mapa de riesgo de empresas ficticias”. Y es que están convencido de haber abierto “la caja de pandora de los fraudes en el desempleo”.
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