En el auto de 36 páginas por el cual dicta su ingreso en la cárcel, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada pone de manifiesto que, "omitiendo el procedimiento, y por supuesto sus controles, el inculpado en connivencia con otros, concedió ayudas conociendo la ausencia de cobertura presupuestaria para el pago de las mismas, y por supuesto pudo conceder, con la misma connivencia, y de manera manifiestamente injusta y arbitraria, un número muy importante de ayudas para favorecer a familiares, amigos o personas próximas al entorno de Guerrero, al entorno de altos cargos de la Junta o del PSOE, partido que gobernaba durante el ejercicio de su cargo y gobierna en Andalucía".
La magistrada dice que el imputado otorgó estas ayudas "directas y sociolaborales" en virtud del convenio marco de colaboración suscrito el 17 de julio de 2011 entre la Consejería de Empleo y el antiguo IFA, "con total ausencia de procedimiento al ser el adecuado el de la subvención excepcional, según indicó repetidamente a la Consejería de Empleo la Intervención General de la Junta", añadiendo que la finalidad de dicho convenio marco "y asumida por Guerrero era obviar los férreos controles de la Intervención de la Junta, pues conocía el inculpado, sus superiores y las personas que colaboraron con él que la subvención excepcional exigía un marcado control en la solicitud".
En este sentido, acusa a Guerrero, además, de omitir el cumplimiento de la normativa comunitaria en las ayudas directas a empresas, así como de incumplir incluso el procedimiento previsto en el convenio marco, "pues en la gran mayoría de las ayudas no ha existido la menor solicitud por la empresa", y "es más, en muchas de estas ayudas sociolaborales el imputado ordenó el pago de la ayuda destinada a la suscripción de pólizas de rentas sin suscribir el convenio con IFA o IDEA para que ésta materializara dicho abono", como ocurrió en Río Grande, Surcolor y Aglomerados Morell.
De este modo, Guerrero "permitió de forma injusta y arbitraria, en total connivencia con otros, la concentración de un importante número de ayudas directas a empresas que el imputado otorgó", empresas "que tenían identidad en su sustrato subjetivo, pues pertenecían o formaban parte de ellas las mismas personas, que eran del ámbito, ya por relaciones personales o políticas, del PSOE andaluz", y todo ello "se realizó en la mayoría de los casos sin que mediara ninguna solicitud, en un reducido espacio de tiempo y con coincidencia de fechas, lo que permitió el enriquecimiento de unos pocos en detrimento del resto de los ciudadanos de la comunidad autónoma".
LAS EMPRESAS DEL HERMANO DEL EXPRESIDENTE BORBOLLA
Según añade, "estos empresarios favorecidos estaban ubicados fundamentalmente en la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, a los que durante su etapa como director general se les concedió la suma de 50.866.325,47 euros, enorme agravio comparativo, pues en el resto de Andalucía las ayudas a empresas fueron de 24.618.728,47 euros, incluyendo en esta cifra las concedidas a los ayuntamientos no pertenecientes a dicha comarca", punto en el que la juez hace referencia a Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla.
En este punto, la juez Alaya indica que en las empresas de Ángel Rodríguez de la Borbolla, imputado en la causa, "se concentran un número considerable de ayudas directas", en concreto 9.009.108 euros, aunque "el desarrollo de la investigación podrá desvelar más empresas relacionadas y más ayudas directas recibidas", y señala que su "inusitado interés" por favorecer a "determinados" empresarios de la Sierra Norte "le llevó de manera manifiestamente injusta y arbitraria a conceder ayudas a ciertas sociedades por el solo hecho de estar ubicadas en la Sierra Norte y por tener él o sus superiores relaciones de amistad con los dueños de las mismas".
La magistrada hace una relación del "elenco de personas a las que arbitrariamente favoreció el inculpado", entre ellas su suegra, Victorina Madrid Pisabarro, o su chófer, Juan Francisco Trujillo, a quien, además de concederle en 2004 varias subvenciones de 450.000 euros --en total, 1.350.000 euros-- "para empresas creadas exprofeso" le ofreció "que le facilitara el número de cuenta de una persona mayor y el DNI de la misma para que pudiera cobrar él las prestaciones de esta póliza", ascendente a 122.649,21 euros. "Guerrero, abusando del ejercicio de su cargo como director general, y consciente del poder que tenía para conceder ayudas públicas indiscriminadamente, indujo al chófer para que constituyera exprofeso dos sociedades con el fin ilegítimo de desviarle fondos públicos para su lucro personal", apostilla.
LAS AYUDAS AL EXCHÓFER
"Guerrero permitió que se hiciera a nombre de la madre de su chófer, falsificando éste la firma de esta señora en presencia" del imputado "y en su despacho oficial", apunta la magistrada, que pone de manifiesto que, "a medida que se iban cobrando estas sumas por parte de Trujillo, Guerrero admitió de su chófer como recompensa a los actos realizados y porque éste entendía que tenía con Guerrero una especie de sociedad, el abono de una cantidad en metálico de entre 40.000 y 60.000 euros, así como múltiples regalos consistentes en antigüedades, un piano, artículos de telefonía, o ropa".
Además, "cuanto terminaba al mediodía su jornada laboral, acudían ambos a establecimientos de copas, consumiendo alcohol y cocaína a diario que Trujillo pagaba con el dinero de las ayudas públicas", agrega la juez, quien dice que "la lista de personas a las que ilegítimamente premiaría el inculpado se incrementará a medida que avance la investigación con muchos otros nombres, algunos de los cuales ya están ya imputados en la causa, como Juan Lanzas, su esposa o su cuñada".
La juez, quien también critica "la absoluta falta de diligencia del inculpado, entre otros, por autorizar la entrega de elevadísimas sumas de dinero público a aseguradoras de dudosa solvencia como Apra Leven, Fortia Vida o Personal Life, aseguradora que además carecía de autorización para operar fuera de Cataluña", hace referencia igualmente el sistema de 'pagos cruzados' que estableció "para obviar aún más los controles sobre las ayudas concedidas".
La juez, que imputa a Guerrero hasta seis delitos, como son sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos delitos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil, asevera que la actuación de Guerrero "supuso indiciariamente una distracción continuada de dinero público, un absoluto dispendio dilatado lamentablemente en el tiempo para favorecer a estas personas o entidades"
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