Para conseguir su licencia de obras en 2003, el Grupo Abades asumía la responsabilidad de garantizar la servidumbre de paso al río. Es decir, cualquier ciudadano puede pasar libremente. Pero el restaurante lo usa como terraza y es habitual que impida el acceso.El Defensor del Pueblo también señala hacia el Ayuntamiento, por no tomar medidas al respecto, a pesar de conocer la problemática al existir, al menos, una denuncia ante la Policía Local de un ciudadano.
Según los informes aportados a Chamizo, el restaurante no tiene “licencia de primera ocupación”. Y no fue otorgado este permiso porque “el paso al río queda impedido por la colocación de una puerta lateral”. Este obstáculo “deberá eliminarse de acuerdo con la licencia concedida”, según la propia jefa del Servicio de Licencias Urbanística. Pasividad municipalDe esta forma, para Chamizo resultan “inexplicadas las causas” por la que el restaurante desarrolla “de forma pública y notoria” su actividad sin contar con la licencia pertinente.
Para el Defensor resulta “rechazable la lentitud e, incluso pasividad, con que se está actuando en este caso” en aras de “la restauración de la legalidad”. Por otra parte, en la resolución del Defensor se indica que la Gerencia de Urbanismo no facilita, en la información solicitada, “si se ha incoado expediente sancionador por estos hechos”. De no ser así, el Ayuntamiento “habría incumplido lo dispuesto en el artículo 186.1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Chamizo insta a que “sin demora” el restaurante elimine la cristalera que impide el paso. En 2001 Urbanismo denegó la licencia porque el proyecto “superaba ampliamente la edificabilidad existente”. Fue en 2003, “con un proyecto casi idéntico”, según un informe de Urbanismo, cuando el Ayuntamiento (PSOE-PA) dio vía libre a la construcción del restaurante de lujo. Permiso “personal”Lo que sí tuvo este segundo proyecto fue el beneplácito “personal” del director técnico de Urbanismo, Juan García Gil, que destacaba que el proyecto presentado por el promotor era “coherente” al objeto de garantizar “sus accesos, uso y disfrute público”.
Según indica el informe, García Gil defendía que “en conversaciones con el promotor de las obras, es intención garantizar el acceso público desde la calle Betis al borde del río, por lo que se ve viable urbanísticamente”. La licencia por fin se otorga, aunque con las “limitaciones establecidas el artículo 136 de la Ley de Suelo”, quehace referencia exclusivamente a “obras provisionales”.
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