Clara Aguilera presentaba ayer, tras la reuniónd el Consejo de Gobierno, el Plan de Emergencias ante el Riesgo Sísmico en Andalucía, un instrumento que marcan las actuaciones y coordinaciones para hacer frente a este tipo de situaciones y que se ha redactado teniendo en cuenta las zonas con mayor peligrosidad (Granada es la provincia más vulnerable). En este sentido, la consejera explicó que en el Boletín Oficial del Estado existe un listado con los municipios que tienen mayores índices de peligrosidad, por lo que les instó a redactar sus planes locales para complementar el regional, que cierra las áreas de emergencia que la legislación establece para abordar cualquier tipo de incidencias.
Así, la consejera de Gobernación lamentó que sólo un centenar de municipios (106 en concreto) han desarrollado sus planes de emergencias, obligatorios por ley aunque la legislación no establece plazos para redactarlos (sólo es obligatorio para industrias químicas), por lo que instó a los municipios que establezcan entre sus “prioridades políticas” la redacción de estos documentos, pues es “responsabilidad de la administración competente”.
Aguilera puntualizó que en ese 13,76% se incluyen las capitales de provincia y los grandes municipios, y que la Consejería ofrece su servicio técnico para colaborar con los ayuntamientos, aunque aclaró que, en el caso de los riesgos sísmicos, “no es tan complicado concretar municipio a municipio” esos planes a partir del documento regional.
El Consejo de Gobierno también aprobó ayer dotar a Andalucía de una Red de Alerta sobre Productos de Consumo, sistema rápido de intercambio de información por vía telemática que permitirá incrementar las garantías de seguridad de la población en relación con los riesgos en esta materia. Esta red, que complementará a las nacional y europea, excluye de su vigilancia a alimentos, medicamentos y productos sanitarios, que ya cuentan con mecanismos específicos de intercambio de datos y farmacovigilancia.
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