De esta forma se da carpetazo a un caso que se ha alargado casi una década. Los altercados se produjeron en 2002 y no fue hasta el pasado mes de julio cuando se celebró el juicio, que sentó en el banquillo a 23 de los 24 acusado. Uno de los acusados no recibió la notificación correspondiente y quedó fuera del macrojuicio, que se alargó durante cinco sesiones.
Los 23 activistas procesados eran hace diez años, en su mayoría, estudiantes. Estaban acusados de un delito de desórdenes públicos, otro de daños y de una falta por lesiones. La sentencia especificaba que que “no existen elementos de juicio suficientes” que permitan determinar que los procesados “sean las mismas personas a las que procedieron a identificar los investigadores”, lo que pone de manifesto “algo más que meras deficiencias en la identificación”. La jueza del caso también señalaba que no existió delito de Desórdenes Públicos, ya que la universidad “pudo ese día continuar con su actividad normal”.
La sentencia, que tras no ser recurrida por el fiscal será firme, supone un varapalo para la Universidad de Sevilla que, si bien se había retirado como acusación particular, seguía reclamando el pago del arreglo de las puertas. En su día la Hispalense llegó a solicitar cuatro años de prisión (más de lo que solicitaba la Fiscalía) y más de 60.000 euros de multa. También expulsó a cinco de los ahora absueltos por un periodo de cinco años. Algunas de las defensas pedirán indemnización a la Universidad por estas expulsiones.
El asalto supuso un antes y un después en el movimiento estudiantil, muy activo contra la Lou. Tras el incidente no hubo ninguna movilización más y sirvió para desactivar las movilizaciones estudiantiles.
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