En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Castillo explicó que será el fututo Observatorio Público del Agua, cuya creación se prevé en el citado acuerdo, el que se encargue de abordar esa igualdad en el precio del agua, fruto de una modernización en el régimen económico y financiero, además de establecer los estándares de calidad del servicio.
Puso también de manifiesto que, en lo que respecta a ese nuevo régimen financiero, dentro del Acuerdo Andaluz por el Agua se han adoptado decisiones muy importantes para el futuro del sector agrícola y regantes, de manera que cuando entre en vigor la futura Ley no se les cobrará el agua en función de la superficie de cultivo regable, como ocurre ahora, sino en función del consumo. Dijo que habrá contadores para determinar ese consumo, al tiempo que consideró fundamental la modernización de los sistemas de regadíos, en aras al ahorro en el gasto de agua.
Esta decisión, según precisó la consejera, en modo alguno tiene por qué suponer una subida en el precio del agua, sino que, por el contrario, se producirán ahorros al pagarse por consumo y en virtud de la modernización de los sistemas de regadíos.
El documento sobre el Acuerdo Andaluz por el Agua incluye 97 medidas y proyectos en torno a cinco ideas fundamentales, como son una gestión comprometida con las generaciones futuras; un uso sostenible y con garantía del agua; una administración hidráulica más moderna y eficaz; una participación activa de la sociedad, y un nuevo régimen económico y financiero para un uso responsable del recurso.
Entre las medidas más destacadas, el texto fija el horizonte del año 2015 para completar el proceso de modernización de toda la superficie regable de Andalucía y plantea la creación del Banco Público del Agua, herramienta que se definirá en la futura ley autonómica y que permitirá adquirir el recurso en zonas excedentarias para emplearlo en otros usos, siempre con prioridad para atender demandas de interés general y situaciones de sequía. Otras previsiones recogidas son la delimitación de las zonas inundables en un plazo de cuatro años; la gestión homogénea de las aguas subterráneas y superficiales para garantizar la unidad del ciclo hidrológico, y la creación del Observatorio Público del Agua, que permitirá establecer estándares de calidad sobre el servicio que se presta a los usuarios.
La apuesta por la modernización del régimen económico y financiero del agua persigue garantizar los principios de equidad, eficiencia, calidad, responsabilidad medioambiental y transparencia, así como incorporar el criterio de recuperación de costes, previsto en la legislación comunitaria. Para ello, el Acuerdo establece que todos los usuarios deberán contribuir a la financiación de los gastos de gestión del agua de forma equitativa y proporcional a los servicios recibidos, con fórmulas como la facturación por consumo en lugar de por superficie.
Las bases del documento fueron aprobadas el pasado 5 de diciembre por el Consejo Andaluz del Agua, máximo órgano de consulta y participación social en la materia, tras más de dos meses de debate y reflexión entre los agentes económicos y sociales, con participación de expertos y científicos, en torno a los distintos aspectos de la gestión del agua, su administración y su financiación. Está previsto que el presidente de la Junta, Manuel Chaves, firme el Acuerdo Andaluz por el Agua próximamente con el citado consejo.
Nuevos estaturos de la Agencia Andaluza del Agua
De otro lado, el Consejo de Gobierno aprobó ayer los nuevos estatutos de la Agencia Andaluza del Agua, con el fin de adecuar la estructura de este organismo dependiente de la Consejería de Medio Ambiente a la gestión unitaria de todas las cuencas hidrográficas de la comunidad, tras el reciente traspaso de la del Guadalquivir por parte de la Administración central.
De acuerdo con sus nuevas normas, que sustituyen a las vigentes desde 2005, la Agencia se organizará en órganos directivos centrales con competencia en todo el territorio andaluz, así como en direcciones provinciales, con el objetivo de garantizar la igualdad en la calidad de los servicios y la unidad de criterio en la toma de decisiones. Además, los estatutos establecen la creación de cuatro Distritos Hidrográficos: Guadalquivir, Mediterráneo, Guadalete-Barbate y Tinto-Odiel-Piedras, como delimitaciones territoriales para el ejercicio de las funciones de planificación, participación y gestión hidrológica.
Se mantiene la Presidencia a cargo de la persona titular de la Consejería de Medio Ambiente y la Dirección-Gerencia centrada en la coordinación, planificación y control de las actividades de las cuatro nuevas direcciones generales funcionales que se crean: Servicios y Régimen Económico; Planificación y Participación; Infraestructuras y Explotación, y Dominio Público Hidráulico. También se incluye una vicepresidencia, que corresponderá a la persona titular de la Viceconsejería de Medio Ambiente.
La Dirección General de Servicios y Régimen Económico se encargará de organizar y racionalizar las unidades y servicios de la Agencia y de elaborar propuestas normativas relativas al régimen económico del agua, mientras que la Dirección General de Planificación y Participación se dedicará a realizar trabajos y estudios relativos a la elaboración, seguimiento, evaluación y revisión de la planificación hidrológica de la cuenca.
Por su parte, la Dirección General de Infraestructuras y Explotación se ocupará de la programación, ejecución y seguimiento de las obras de infraestructura hidráulica y de elaborar propuestas para la explotación y seguridad de presas y embalses de titularidad autonómica. Finalmente, la Dirección General de Dominio Público Hidráulico asumirá el otorgamiento de autorizaciones y concesiones, la autorización de transacciones que impliquen utilización de infraestructuras públicas de conexión y las cesiones de derechos de uso del agua.
Además de estas instancias directivas, la Agencia también incluye en su estructura las Comisiones del Agua como órganos de participación administrativa en la planificación, gestión y administración en los respectivos Distritos Hidrográficos, con el objetivo de garantizar la implicación de usuarios y colectivos sociales y económicos en la toma de decisiones de política hídrica, de acuerdo con los criterios de la Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea.
Hasta la regulación de las previsiones estatutarias, las actuales Comisiones del Agua de las cuencas Mediterránea y Atlántica asumirán las funciones atribuidas a las Comisiones de los Distritos Hidrográficos Mediterráneo, Guadalete-Barbate y Tinto-Odiel-Piedras, adaptando su composición a la nueva estructura de la Agencia y de las distintas consejerías representadas en dichos órganos. Se mantienen también los Comités de Gestión de dichas cuencas. Se establece además un régimen transitorio para la Comisión del Agua, los Comités de Gestión y la Comisión de Desembalse del Distrito Hidrográfico del Guadalquivir.
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